Edwin Villavicencio
En la arena política local ecuatoriana, el límite entre el compromiso con el interés público y la utilización del poder con fines personales o partidistas se torna cada vez más difuso. La reciente resolución del proceso de remoción contra el Alcalde de Loja, Franco Quezada, permite analizar con claridad la diferencia entre una “política buena” que respeta el marco legal y una “política mala” que recurre al doble discurso y al cálculo político, aunque ello implique desgastar la institucionalidad.
El pronunciamiento de la comisión de mesa del Concejo Cantonal de Loja, que concluyó que no existían pruebas suficientes ni argumentos legales sólidos para continuar con el proceso de remoción, no solo representó una defensa del debido proceso por parte de dicha comisión, así como también un acto de irresponsabilidad institucional por el parte del proponente. Es un ejemplo de política buena: aquella que, pese a las presiones o intereses particulares, se rige por principios jurídicos y éticos. La comisión actuó conforme a lo que establece la ley y respetó el principio de presunción de inocencia, algo que debería ser norma y no excepción.
En contraposición, el accionar de ciertos concejales, en particular el del edil Santiago Erráez, revela una dimensión preocupante de la política local. Erráez, quien fue uno de los proponentes del proceso, incurrió en contradicciones y mantuvo un discurso que no se sostuvo ante la ausencia de elementos probatorios contundentes. Su impulso para la remoción del alcalde, según el propio informe de la comisión, no estuvo debidamente sustentado, lo que evidencia una intencionalidad más política que jurídica. El doble discurso es evidente: mientras se invoca el respeto a la institucionalidad, se promueven procesos sin el rigor necesario, exponiendo a la ciudad a conflictos innecesarios y deslegitimando los mecanismos democráticos.
Este tipo de política mala no solo desacredita a los órganos de control político como el Concejo, sino que también afecta la credibilidad del sistema democrático en su conjunto. Cuando los concejales actúan motivados por agendas personales o intereses facciosos, terminan alejándose de su verdadero rol: fiscalizar con objetividad, legislar con visión y representar con coherencia a la ciudadanía.
Lo ocurrido en Loja no es un hecho aislado, sino un síntoma de una práctica extendida en varios gobiernos locales del país, donde las disputas internas y el oportunismo político prevalecen sobre los proyectos colectivos. En lugar de construir consensos y fortalecer la institucionalidad, se opta por la confrontación sin sustento, debilitando así los canales de gobernabilidad.
Es evidente que Loja se cae a pedazos, sin embargo, en algún tipo de proceso de remoción de su Alcalde, debe prevalecer el debido proceso, el legítimo derecho a la defensa, la institucionalidad, sobre todo, la trasparencia y la efectividad en las acciones que se ejecutan. Hay decenas de causales, pero lo determinará la forma y fondo de cómo el proceso adecuado de remoción se realice y es ahí donde se determinará su éxito o se repetirá un rotundo fracaso como el que acabamos de presenciar.
La política buena requiere madurez, firmeza ética y respeto a los procedimientos. La comisión de mesa de Loja, al actuar en función del debido proceso y no ceder ante presiones o discursos vacíos, ofreció una lección de institucionalidad que merece ser destacada. No se trata de defender a personas, sino de proteger los principios que sustentan la democracia local.
En cambio, la política mala —como la expresada en discursos sin fundamento legal— mina esa misma democracia, reemplazando el debate serio por la especulación y el show mediático. En tiempos de profunda desconfianza ciudadana, urge que las autoridades locales elijan con claridad qué tipo de política desean practicar: aquella que sirve a la ciudadanía o aquella que sirve a sus propios intereses.