En medio del aumento de la violencia en Guayaquil, el enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y el Municipio se intensifica por los contratos de la Empresa Pública Segura EP. El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) detectó irregularidades en cuatro procesos de subasta para la contratación de seguridad privada y recomendó declararlos desiertos, lo que ha desatado un cruce de acusaciones entre funcionarios de ambas entidades.

Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, calificó de “lamentable” la recomendación del SERCOP, y defendió la necesidad de contar con agentes capacitados ante la ausencia de presencia policial permanente. Por su parte, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, criticó duramente a Cornejo, sugiriendo que debería enfocarse en esclarecer fallas como la supuesta desconexión de cámaras antes del incendio en el Parque Samanes.

El SERCOP identificó al menos 12 presuntas irregularidades en los procesos, entre ellas, requisitos direccionados hacia ciertos oferentes, comprometiendo la transparencia y eficiencia del gasto público. Ante esto, Cornejo aseguró que los procesos contaban con informes de pertinencia de la Contraloría y lamentó que se obstaculicen iniciativas para reforzar la seguridad ciudadana.

En respuesta, la Contraloría aclaró que sus informes de pertinencia no son vinculantes ni eximen del cumplimiento de la ley ni del control posterior de los procesos de contratación.

En un tono conciliador, Cornejo afirmó que Segura EP corregirá los procesos conforme a la normativa. “No es momento de confrontar, sino de solucionar”, indicó.

Mientras tanto, el clima político se tensó aún más tras la negativa de la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, a reunirse con el alcalde Aquiles Álvarez para coordinar acciones frente a la ola de criminalidad. “No hay tiempo para tardes de té”, afirmó Rovira, insistiendo en que está cumpliendo funciones que le correspondían al Municipio.