Alfredo Suquilanda

La violencia política de género es un fenómeno que afecta gravemente a las mujeres que ocupan cargos públicos y posiciones de poder. Este fenómeno tiene consecuencias perjudiciales para las mujeres que lo sufren y para la sociedad en su conjunto, hasta el punto de afectar el desarrollo de la misma.

Las formas más evidentes de este tipo de violencia se representan en el acoso e intimidación por diferentes medios, los estereotipos y desinformación de género y, la difamación y divulgación no consentida de información. Asimismo, otras graves formas de violencia política de género son la invisibilización de las mujeres que forman parte de la política, y la baja participación de mujeres en la esfera pública. Según el Estudio Violencia Política Contra las Mujeres en Ecuador de ONU Mujeres, las mujeres que forman parte de los partidos políticos son poco escuchadas y, por tanto, relegadas de la toma de decisiones.

Es importante mencionar también que, la violencia política de género tiene un impacto negativo no solo para las mujeres que son víctimas, sino también para otras mujeres y para la sociedad en general. Esta violencia es desmoralizante, haciendo menos probable que las víctimas se presenten para una reelección y hace que dejen sus cargos políticos más rápido.

La participación política de las mujeres es esencial para la construcción de una sociedad más equitativa. Se debe tener en cuenta que las mujeres constituyen la mitad de la población mundial, por lo tanto, no es posible pensar en un avance en la sociedad si media población aún carece de derechos y garantías en los ámbitos político, económico y social. Por esta razón, es vital que existan mujeres ocupando puestos de poder que puedan aportar al diseño de políticas públicas en favor de sus propios derechos en base a realidades poco visibilizadas.

Finalmente, la violencia política de género afecta inmediatamente a la participación política de las mujeres, ya que, sufrir cualquiera de las formas en las que ésta se presenta, crea un efecto repelente hacia la ocupación de cargos públicos. El impacto de este fenómeno repercute directamente en la sociedad y afecta su desarrollo en todos los ámbitos. Si bien, en el Ecuador se han impulsado medidas legislativas para intentar acabar con las varias formas de violencia de género, se ha comprobado que las mismas no han sido suficientes y se deben tomar medidas con un enfoque multidimensional que logre abarcar el problema en su totalidad.

La justicia electoral en el Ecuador crea jurisprudencia sobre Violencia Política de Género se estipula la sanción de 25 salarios básicos unificados y la suspensión de derechos políticos de participación por dos años. Mientras que, también se prevé la destitución del cargo, la suspensión de los derechos políticos de participación por años.  A estas sanciones se suman talleres de capacitación, disculpas públicas, entre otras.

Estas sanciones impuestas por el Tribunal Contencioso Electoral responden a las reformas realizadas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas Código de la Democracia en febrero de 2020. Así, el artículo 280, se refiere a la Violencia Política de Género, como la agresión cometida en contra de las mujeres, candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de sus funciones propias de su cargo. Este tipo de violencia en contra de la mujer se la califica como una infracción electoral muy grave. Con este nuevo marco jurídico, las mujeres que incursionan en política pueden defender sus derechos de participación y ejercer un cargo de elección popular en condiciones de igualdad con los hombres

Respetemos a las mujeres, símbolo de vida del mundo.