Dos consecuencias fatales podían desprenderse del atentado contra la vida del senador colombiano Miguel Uribe, cometido por un adolescente el sábado 7 de los corrientes: a) Que se desate una nueva ola de violencia, en la que la venganza llevaría a los uribistas a matar a los partidarios de Petro; y, b) Que el presidente Petro perdiera por completo su autoridad y tuviera que dejar la Presidencia, porque sobre él se habría hecho recaer la sospecha de estar entre los autores intelectuales del crimen. De la intervención de Petro ante Colombia y ante el mundo dependía salvar la normalidad de la vida colombiana.
El atentado contra Uribe, candidato presidencial, opositor a Petro, podía llevar a la debacle al país y propiciar un ambiente para que la derecha pudiera aplicar una feroz persecución a los elementos de la izquierda e impusiera una dictadura, tal como años atrás la derecha había hecho en el Perú. Petro no podía titubear ni demorarse, debía dar explicaciones al pueblo inmediatamente, como en efecto lo hizo, sin tener tiempo para preparar el discurso. Lo improvisó genialmente, gracias a su inteligencia y su conocimiento de la historia.
Comenzó con una categórica defensa de los derechos a la vida y a la paz, que él haría respetar sin contemplaciones. Para el efecto había tomado sin demora las medidas científicas y administrativas para preservar la vida del senador Uribe y del adolescente autor de los disparos. Ambos corrían peligro de muerte, por nuevos atentados orquestados por los autores intelectuales del crimen, para impedir que se descubriera a los culpables. La atención médica a Uribe era la mejor que se podía proporcionar y la más estricta seguridad rodeaba a la víctima como al victimario. Uribe reconoció que era obligación del Estado garantizar la vida de las dos personas. En esto vemos una diferencia diametral con lo ocurrido en Ecuador, con el candidato presidencial Fernando Villavficencio, cuyos asesinos y sus cómplices fueron desaparecidos cuando se hallaban bajo custodia oficial. El presidente de Colombia convenció a quienes lo escuchaban de que él era absolutamente inocente y que tenía interés supremo en descubrir a los autores intelectuales del atentado.
Luego Petro mencionó lo que las autoridades bajo su dirección estaban haciendo para descubrir a los autores intelectuales. Por un lado se había formulado varias hipótesis, ninguna de las cuales sería descartada; con gran prudencia no se inclinó por alguna de esas hipótesis, no corrió el riesgo de equivocarse en tan delicada situación, y, tampoco, aprovechó el lamentable hecho para levantar sospechas contra sus opositores, es decir, se mantuvo matemáticamente dentro de los márgenes necesarios para apaciguar a todos.
Por otro lado reconoció que el personal de seguridad encargado de cuidar al senador Uribe había fallado, que el Estado había fallado en su deber de conservar la integridad física de los candidatos presidenciales, por lo que el personal sería sometido a una intensa investigación, porque entre ellos podía existir cómplices. Otra gran diferencia frente al caso ecuatoriano, en el que no hubo ninguna sanción para los encargados de la seguridad de Villavicencio, que salió del evento sin protección alguna, convertido en fácil blanco del asesino.
Con gran perspicacia Petro trajo a colación casos anteriores de la historia de Colombia, donde se ha asesinado varias veces a candidatos presidenciales, comenzando por Jorge Eliécer Gaitán, en abril de 1948, muy querido líder liberal, que no obedecía a las consignas de la oligarquía, alguien similar a Jaime Roldós, que prometía cambios efectivos. En Colombia como que hay la costumbre de liquidar a los líderes populares. Y comentó que todos tenían la misma factura, incluyendo el de ese día, lo que hacía pensar que se trataba de los mismos autores intelectuales de los asesinatos anteriores.
Sin poses, exclusivamente con su contenido, el discurso de Petro consiguió ciento por ciento los objetivos que las circunstancias reclamaban.