La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio de 2025, tras su publicación en el Registro Oficial.

La presidenta de la Ceosl, Marcela Arellano, explicó que la norma vulnera el principio de unidad de materia, ya que incluye reformas a distintos ámbitos del sector público, pese a que toda ley debe centrarse en un único tema.

Uno de los aspectos más cuestionados es la implementación de evaluaciones semestrales de desempeño a los servidores públicos, las cuales podrían derivar en despidos. Anteriormente, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establecía evaluaciones anuales.

“Es necesario evaluar para mejorar el desempeño, pero si esas evaluaciones se usan como una herramienta de despido, se convierten en mecanismos punitivos”, advirtió Arellano. “Esto podría desembocar en despidos masivos, como ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa”, añadió.

El artículo 80 de la nueva ley establece que un servidor que obtenga una calificación insuficiente será destituido. Sin embargo, esta disposición ya estaba contemplada en la Losep, aunque la novedad radica en la frecuencia y aplicación sistemática del proceso.

Frente a las críticas, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aclaró que no se trata de una medida nueva, sino del cumplimiento de una normativa que no se había aplicado de forma efectiva. Además, aseguró que los trabajadores tendrán derecho a apelar su calificación si consideran que ha sido injusta.

Núñez también informó que el Ministerio del Trabajo definirá los parámetros y el marco técnico de evaluación mediante un acuerdo ministerial, y que serán las propias instituciones públicas las encargadas de realizar las evaluaciones.