El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó una «gran victoria» tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que le permite reactivar una controvertida orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento. La decisión del alto tribunal, con una mayoría conservadora de 6 votos contra 3, levanta los bloqueos judiciales que habían suspendido la medida.
Según el dictamen, la orden deberá entrar en vigor 30 días después del fallo, aunque este no se pronuncia sobre la validez de la norma en sí, sino sobre la legalidad de las decisiones de tribunales inferiores que la frenaron a nivel nacional.
En su red Truth Social, Trump celebró el resultado:
“¡GRAN VICTORIA en la Corte Suprema! Incluso el fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido, indirectamente, duramente afectado”.
Más tarde, en una rueda de prensa improvisada en la Casa Blanca junto a la fiscal general Pam Bondi, Trump agradeció al Supremo por haber “simplificado un problema complejo” y anticipó que su gobierno retomará otras políticas que, según él, han sido indebidamente bloqueadas.
La orden ejecutiva busca impedir que los hijos de padres indocumentados o con visados temporales obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense, un derecho actualmente protegido por la Enmienda 14 de la Constitución. Trump argumentó que esta disposición fue pensada originalmente para garantizar derechos a los hijos de esclavos, y no a los hijos de migrantes sin estatus legal.
Además, el republicano aseguró que este fallo permitirá reactivar otras prioridades de su administración, entre ellas:
-Eliminar fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”.
-Suspender el reasentamiento de refugiados.
-Congelar gastos públicos considerados innecesarios.
-Prohibir el uso de fondos públicos para cirugías de reasignación de género.
Por su parte, la fiscal general Pam Bondi respaldó la postura del mandatario y afirmó que corresponde al presidente “hacer todo lo posible por proteger al pueblo estadounidense”.
Este fallo podría tener repercusiones en decenas de demandas que actualmente enfrentan otras órdenes ejecutivas de Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero con una agenda marcadamente antiinmigrante.

