Esteban Sarmiento Jaramillo.
Soy un servidor público de carrera con 25 años de experiencia, lo que me permite compartir mi perspectiva sobre la reciente Ley de Integridad Pública, basándome en mi contacto diario con la ciudadanía y en el marco jurídico que regula nuestra nación.
La aprobación de esta ley ha generado un amplio debate sobre las consecuencias que podría tener para los servidores públicos y para la sociedad en su conjunto. En estos tiempos difíciles, donde la confianza en nuestras instituciones está seriamente afectada, la necesidad de reformas es innegable. Sin embargo, aunque la ley tiene la intención de combatir la corrupción y promover la transparencia, su implementación podría traer efectos contraproducentes que, en lugar de fortalecer las instituciones, las debilite aún más.
Es evidente que el país requiere cambios urgentes en la administración pública. La corrupción ha socavado la credibilidad del Estado y las injusticias cometidas por ciertos servidores públicos deben ser enfrentadas de manera decidida. Sin embargo, no podemos permitir que, en el afán de corregir estos problemas, se criminalice el servicio público, afectando a aquellos que realmente buscamos servir al país con honestidad y dedicación.
La ley, tal como está concebida, impone cargas y responsabilidades que podrían paralizar la acción de los servidores públicos, generando un clima de temor y desconfianza. En lugar de fomentar la transparencia, se está creando una atmósfera de inseguridad, en la que muchos temen actuar por el miedo a ser acusados de manera injusta. Esta situación no solo puede entorpecer la administración pública, sino generar una parálisis en la gestión de políticas públicas fundamentales para el país.
Además, la ley no parece tener en cuenta las condiciones particulares de Ecuador. Vivimos en un contexto marcado por la pobreza, la desigualdad y la violencia, lo que exige políticas públicas que se adapten a nuestra realidad. El servicio público no puede ser una estructura rígida que ignore las complejidades de las necesidades de la ciudadanía. Las reformas deben ser pensadas para fortalecer las instituciones, no para crear más obstáculos a su funcionamiento.
La lucha contra la corrupción y la mejora de la administración pública son objetivos que compartimos todos los ecuatorianos. No obstante, no podemos permitir que la solución propuesta se convierta en una amenaza para quienes realmente trabajan para mejorar el país. No se trata de desproteger a quienes actúan de manera corrupta, sino de proteger a aquellos que, con sacrificio y honestidad, cumplen su labor con responsabilidad.
En este contexto, es fundamental que los y las asambleístas del país actúen con responsabilidad, en coherencia con el mandato popular que los eligió. Más allá de las presiones políticas o de la coyuntura, su función es legislar para el bien común, siempre con un enfoque en la Constitución, que debe ser la verdadera guía para el bienestar de todos los ecuatorianos. No es el momento de tomar decisiones apresuradas ni populistas, sino de reflexionar sobre el impacto a largo plazo que esta ley tendrá en la democracia ecuatoriana.
Es esencial que, como sociedad, abramos el diálogo sobre la Ley de Integridad Pública. No podemos permitir que este tema se convierta en un campo de confrontación, sino que debe ser una oportunidad para escuchar todas las voces y construir, entre todos, una solución que fortalezca nuestro Estado de Derecho. Solo así podremos superar la crisis de confianza que enfrentamos y crear un país más justo, donde el servicio público sea verdaderamente una vocación de servicio y no una carga.
La democracia ecuatoriana está en un momento crítico, y necesitamos que nuestras leyes reflejen las verdaderas necesidades del pueblo. Si de verdad queremos un Ecuador mejor, debemos tomar decisiones sabias, justas y responsables. Los asambleístas deben escuchar la realidad de los servidores públicos y de la ciudadanía, y legislar en consecuencia, sin caer en la tentación de soluciones fáciles que no aborden los problemas de fondo.
El futuro de Ecuador depende de las decisiones que tomemos hoy. La Ley de Integridad Pública puede ser una herramienta útil si se reforma para respetar de manera irrestricta la Constitución, pero también puede convertirse en un obstáculo si no se ajusta a la realidad de los ecuatorianos. Es hora de actuar con responsabilidad y visión de futuro, porque el Ecuador que queremos construir está en nuestras manos.
El peor error que se puede cometer es cosificar a los seres humanos. Los servidores públicos no somos solo números ni cosas; somos seres humanos con derechos, que están consagrados tanto en los convenios internacionales como en la Constitución de la República del Ecuador.