Frente a la creciente presión social y legal, Acción Democrática Nacional (ADN) decidió rectificar una de las reformas más polémicas de su nueva Ley de Integridad Pública: la que elevaba a 65 años la edad mínima para recibir compensación por jubilación voluntaria. Ahora, el oficialismo propone que el beneficio se mantenga a partir de los 60 años, como ocurría antes del cambio.

La rectificación llega luego de que, el 8 de julio de 2025, se presentaran tres nuevas demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra esa ley, sumando un total de once recursos legales en su contra. Las reformas han generado fuerte rechazo por parte de gremios, sindicatos y organizaciones del sector público, que han anunciado movilizaciones para el 11 y 16 de julio en distintas ciudades, especialmente en Quito.

Los colectivos que encabezan las protestas son el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y otros sectores organizados.

Ese mismo día, la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo, presidida por Valentina Centeno (ADN), cerró el informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas. En él se incluyó una modificación al artículo 81 de la Ley de Integridad Pública, donde ahora se establece que las compensaciones por jubilación voluntaria se entregarán a partir de los 60 años y no desde los 65 como se planteó inicialmente.

La corrección debe ser aprobada por el pleno de la Asamblea y ratificada por el presidente Daniel Noboa para entrar en vigencia.

Aunque Centeno atribuyó la controversia a “información malintencionada”, ni el Gobierno ni la Asamblea aclararon oficialmente el alcance del artículo cuestionado ni ofrecieron explicaciones públicas antes de la rectificación.

Desde la UNE se celebró el cambio: “Nos da la razón. Se corrige una inconstitucionalidad y se rectifica la eliminación de la compensación jubilar”. No obstante, confirmaron que las movilizaciones previstas siguen en pie, ya que las demandas ante la Corte también incluyen otros temas, como la estabilidad laboral en el sector público.

Resta conocer la postura de los demás colectivos que han interpuesto demandas contra esta y otras leyes impulsadas por el oficialismo.