Edwin Villavicencio
Hay enfermedades que afectan la memoria, pero el centralismo ecuatoriano padece de una amnesia selectiva: olvida sistemáticamente a la provincia de Loja y sus cantones cuando se trata de inversión pública, mantenimiento vial y desarrollo productivo. Mientras las autoridades nacionales saturan sus discursos con promesas de equidad territorial, la realidad evidencia que Loja sigue siendo una provincia marginada, invisibilizada en las prioridades presupuestarias y abandonada en la planificación estratégica del Estado.
El estado de las vías en la provincia es el reflejo más palpable de este olvido. Carreteras que parecen sobrevivir más por la costumbre de los conductores que por el asfalto, vías que en invierno se transforman en trampas de lodo y en verano en caminos polvorientos imposibles de transitar sin dañar los vehículos. Esta precariedad no solo afecta a la cabecera provincial, sino que es aún más grave en los cantones y parroquias rurales, donde la movilidad se ha convertido en un lujo y no en un derecho garantizado por el Estado.
En especial, la vía Loja–Cuenca, enfrenta una sucesión crónica de deslizamientos. El pasado 8 de julio, un derrumbe en el sector de Cenén bloqueó el paso totalmente, sin que se haya dado una hora precisa de reapertura. A esto se sumó un nuevo alud en el sector Sayo, que mantiene la carretera cerrada bajo prohibición total. Aunque el MTOP y la Prefectura habilitaron un carril provisional tras nueve días, con control policial y militar, los trabajos aún son precarios. Las comunidades y transportistas exigen respuestas urgentes, pero el centralismo responde con parches temporales que no garantizan una solución sostenible.
Por citar otros ejemplos: la vía Loja-Zamora, una arteria estratégica para la conexión con la región amazónica, ha sido escenario de continuos derrumbes y cierres. La Loja-Catamayo, paso obligado al aeropuerto de la provincia, presenta baches, hundimientos y tramos que bordean el colapso. Las carreteras hacia Gonzanamá, Calvas, Espíndola o Quilanga son una verdadera odisea, donde el riesgo de accidentes convive con el deterioro económico que impide a los productores agrícolas y ganaderos sacar sus productos a mercados más competitivos. ¿Dónde está el Estado cuando la infraestructura básica se desmorona frente a los ojos de la ciudadanía?
La respuesta no sorprende: el centralismo quiteño se acuerda de Loja cuando requiere apoyo electoral o cuando necesita maquillar informes de descentralización. Pero al momento de asignar recursos, diseñar políticas públicas o planificar obras emblemáticas, la memoria selectiva aparece, relegando a la provincia a la última fila de las prioridades gubernamentales. Este desdén no es nuevo; se trata de una constante histórica que ha condenado a Loja a una suerte de postergación crónica.
La inacción estatal tiene consecuencias severas. No es solo la movilidad afectada, es el freno a la competitividad, el limitante al turismo, el encarecimiento del transporte y la precarización de las condiciones de vida de miles de ciudadanos. La desidia con la que se manejan los presupuestos para mantenimiento vial es inadmisible y representa una forma de violencia estructural contra una provincia que, pese a las adversidades, aporta al país con talento humano, producción agrícola y un invaluable capital cultural.
El gobierno central, sea el de turno o los que vendrán, debe entender que el desarrollo no puede ni debe seguir siendo fragmentado ni concentrado en el eje Quito‑Guayaquil‑Cuenca. La promesa de un país equitativo se desmorona cuando el acceso vial, que debería ser un derecho básico, se convierte en una muestra de la desigualdad territorial. Mientras Loja no tenga vías dignas, conectividad eficiente y presencia estatal permanente, cualquier discurso sobre descentralización y justicia territorial será pura demagogia.
Es momento de que el centralismo cure su amnesia y recuerde que Loja es también Ecuador. De no hacerlo, seguirá alimentando un sentimiento de abandono que tarde o temprano pasará factura política, porque una provincia que se siente olvidada, termina por desconfiar de todo el aparato estatal que, por Constitución, debería protegerla y promover su desarrollo.