El Gobierno de Ecuador inició el sábado 26 de julio el proceso de deportación de más de 700 reos colombianos, parte de un total de 1.000 detenidos que se encontraban en diferentes cárceles del país. La medida, liderada por el Presidente Daniel Noboa, busca descongestionar el sistema penitenciario como parte de su plan de reestructuración estatal.

Los primeros expulsados fueron trasladados hasta el puente internacional de Rumichaca, en la frontera entre Ecuador y Colombia, en operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas. La mayoría de los deportados provienen de centros de detención en Chimborazo, Carchi y Napo.

A diferencia de procesos anteriores, estos reos no cumplirán el resto de sus condenas en Colombia. Según informó la Cancillería colombiana, aquellos que no tengan procesos judiciales vigentes en su país quedarán en libertad una vez culminen los trámites migratorios.

Hasta el momento, Colombia ha recibido a unos 450 deportados. De ellos, al menos 348 tienen antecedentes judiciales, mientras se espera información oficial de Ecuador para determinar la situación del resto.

Rosa Villavicencio, canciller encargada, se trasladó a Rumichaca para supervisar el operativo y garantizar condiciones dignas de acogida para los connacionales, incluyendo hospedaje, alimentación y transporte.

Durante julio, se realizaron alrededor de 1.000 audiencias individualizadas para legalizar las expulsiones. Con base en las resoluciones emitidas por la Subsecretaría de Migración, los jueces ecuatorianos autorizaron las excarcelaciones en plazos récord de hasta 24 horas, según el Ministerio del Interior.

Colombia protesta por decisión «unilateral»

El gobierno colombiano expresó su inconformidad con la medida, calificándola como una acción “unilateral” por parte de Ecuador. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indicó que ha presentado una “enérgica protesta” diplomática, aunque mantiene la disposición para el diálogo bilateral.

Rumichaca, principal cruce en una frontera de 586 km entre ambos países, fue el punto de ingreso de los reos deportados. Este operativo se enmarca en una serie de reformas que buscan retomar el control del sistema penitenciario ecuatoriano, seriamente afectado por la violencia del crimen organizado.