Antonio C. Maldonado V.
Algo vital para el pueblo constituye el recorte que el actual Gobierno ha efectuado en el Presupuesto del Estado de más de mil millones de dólares, lo que es deficitario en los gobiernos de turno, siendo necesario para la supervivencia de la mayoría de habitantes que teóricamente cuentan con los servicios del Ministerio de Salud Pública – MSP, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS y especialmente del servicio de SOLCA, para los pacientes de enfermedades catastróficas y terminales que obligan a los directivos de esa institución a demandar tanto al Gobierno Nacional como al IESS que frecuentemente se retrasan en cubrir esas deudas, inclusive a los centros de salud privados que prestan ese servicio bajo la amenaza de suspenderlo hasta que las cubran. En el otro lado de la medalla, se sigue padeciendo en los centros de salud por lo menos de la provisión del cuadro de medicinas básicos para los enfermos que ocasionalmente se presentan. Aparte de lo singularizado actualmente se realiza nuevamente una campaña nacional de vacunación anual contra el COVID-19, se prioriza a personas que nunca recibieron una dosis, a niños mayores de 6 meses, adultos mayores de 50 años y adultos de 18 a 49 años con enfermedades crónicas. El sector de la salud es de suma importancia para cualquier Gobierno; como ya lo puntualizamos en entrega anterior ya que, según la Constitución, el Gobierno tiene que garantizarnos el derecho a mantenernos sanos, generar condiciones para evitar riesgos en la salud, algo que no se efectúa.
Dentro del montón de problemas que acusan urgente solución está el del sector financiero que en lo relativo y por ser parte el Gobierno Central tiene que atender y que ha encontrado la solución escudándose en casi todos los casos que es “resolución de la junta bancaria”, la Defensoría del Pueblo, Asamblea, Gobiernos Seccionales y los organismos que tienen que encontrarse y que muchas veces requieren se produzca el problema.
A diferencia de otras naciones de la región que realizan reformas y avanzan, nuestro país se va quedando rezagado en un estado de suspensión arrinconado. El país sigue atravesando una permanente parálisis institucional fundamentalmente porque la inseguridad sigue galopante y parte de eso los embates de la naturaleza que requieren un plan integral de reparación y por último, sería conveniente con mucha cautela ya que algo que nos tiene sumamente preocupados constituye el accionar de la Función Judicial que permanece sin depurarse y con el hueco de que hasta ahora no se realiza la elección de autoridades de control que siguen sin salir de las tinieblas.