César Augusto Correa
En el feudalismo europeo era común y corriente que se compraran cargos públicos y canonjías. Se compraba los títulos nobiliarios; según la cantidad de dinero que uno tenía para entregarle a la corona uno podía convertirse en príncipe, duque, conde, marqués, barón, y gozar de los privilegios que correspondían a cada uno de esos títulos.
Con la Revolución Francesa los señores feudales fueron derrocados y sometidos a un proceso de extinción; la gran mayoría de reinos se transformaron en repúblicas, en las que la burguesía tenía la hegemonía y se sostenía teóricamente que la soberanía residía en el pueblo, aunque en la práctica los fenómenos políticos eran diferentes, pues se instalaron las dictaduras de la burguesía, que aún perduran.
Con el ascenso de la burguesía se eliminaron los títulos nobiliarios, en las repúblicas desapareció la nobleza, y se impuso el cuento de que todos somos iguales ante la ley, aunque en la realidad la fortuna de cada uno determina el goce de ciertos privilegios.
Nuestra historia republicana comienza con una Constitución que daba el privilegio de ser ciudadano al que tenía una fortuna y sabía leer y escribir. Automáticamente todos los indígenas y negros quedaron fuera de la posibilidad de ser considerados ciudadanos, aunque ellos fueron los que murieron en las luchas por la Independencia. Para ser presidente de la República había que disponer de un patrimonio mucho más grande. Los analfabetos recién alcanzaron el derecho a votar en 1978, en la Constitución aprobada por los ciudadanos que participaron en el respectivo referendo.
A lo largo de los siglos XIX y XX teóricamente todos los ciudadanos podían elegir y ser elegidos, pero en la práctica no fue así. Para ser candidato y poder ganar la elección había que tener una gran fortuna y destinar a la campaña electoral sumas muy elevadas, o tener auspiciadores sumamente ricos, como en el caso de Velasco Ibarra, que era financiado por los Isaías. A final de cuentas, con ese sistema, se compraba la Presidencia, las diputaciones, las senadurías, las alcaldías, las prefecturas. Indudablemente algo muy indecente, que también se vivía en el resto del mundo.
En el mundo entero surgió el deseo de acabar con tanta indecencia. No se ha encontrado una fórmula perfecta, satisfactoria, pero se hizo lo que se pudo, con dos instituciones legales: financiar parcialmente a los partidos políticos y fijar un límite al gasto electoral. Estas dos conquistas del proceso de democratización del mundo se introdujeron en el Ecuador en la Constitución de 1978 y se han mantenido en las siguientes. Ahora se le va a consultar al pueblo si quiere que volvamos a la indecencia absoluta, aprovechando de que ha tomado mucha fuerza la tendencia a renegar del progreso y retornar a los criterios jurídicos de los amos, de la época del esclavismo.
Por lo general la forma de designar jueces en los siglos XIX y XX fue de lo más corrupta e indecente; se lo hacía a dedo o a cambio de dinero. Son minoría los casos de verdaderos juristas que llegaron a la Corte Suprema de Justicia o a las cortes provinciales a ejercer sus funciones con estricto apego a la ley. Recuerdo una ocasión en la cual los diputados se repartieron la Corte Suprema de Justicia y vendieron cada cargo en 32 millones de sucres, otorgándoles a los magistrados el «derecho» a vender los puestos en las cortes provinciales. Con la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se les arrebató a presidentes y legisladores la oportunidad de colocar jueces, a dedo o por una cantidad de dinero, con la condición de que les garanticen impunidad. Aterra a los más altos funcionarios actuales que haya jueces independientes, que los juzguen con imparcialidad y los condenen por sus delitos. Para salir de esa pesadilla han generado una opinión favorable para hacer desaparecer el CPCCS y regresar a la bella época de los siglos XIX y XX, en la que las autoridades de control eran escogidos por el presidente y los legisladores; es muy comprensible que se busque la impunidad.
Agrego que la desaparición del CPCCS implica una reforma de la estructura del Estado y según la Constitución debe hacerse mediante Asamblea Constituyente.