El secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, pidió a la Corte Constitucional (CC) diferir la audiencia pública convocada para el 18 de agosto de 2025, en la que se iba a analizar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP).

La solicitud plantea suspender la sesión telemática por al menos 15 días, plazo que el Ejecutivo requiere para responder a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas al caso, notificadas el pasado 8 de agosto. El pedido se enmarca en el expediente 52-25-IN, admitido a trámite por la CC ese mismo día.

La demanda fue presentada por el partido político Unidad Popular, cuyo director, Geovanni Atarihuana, explicó que el proceso se unirá al caso previamente iniciado por la Unión Nacional de Educadores (UNE). Entre los puntos que cuestionan están:

-Reformas a la Ley de Servicio Público que afectarían la estabilidad laboral y permitirían despidos.

-La conversión de cooperativas en bancos.

-Una disposición que, según alegan, perdonó impuestos a la Corporación Noboa.

Atarihuana señaló que, aunque ven como positivo que la Corte tramite el caso, lamentan que no se hayan otorgado medidas cautelares para frenar lo que califican como daños irreparables a las familias de funcionarios despedidos.

El dirigente anunció que el próximo 16 de agosto participará en la Asamblea de Organizaciones Populares, donde se definirá el calendario de futuras movilizaciones, a la espera de que la Corte actúe “en derecho y con justicia”.