Antonio C. Maldonado V.
La misteriosa marcha contra la Corte Constitucional que se llevó a efecto el 12 de agosto de 2025, fue convocada por el Presidente Daniel Noboa Azín, pero nadie se responsabiliza por el costo que tuvo; asimismo la Corte Constitucional por su parte denunció la estigmatización, esto es, el proceso de atribuir prejuicios a un individuo o grupo como es este caso que obligan a protestar por el vallado en su edificio matriz, habiendo obligado a la Corte Constitucional del Ecuador a emitir un comunicado en el que expresa su preocupación por una cantidad de acontecimientos, la institución manifiesta que comprometen su seguridad y autonomía en la marcha convocada por el Presidente de la República como se hizo público a nivel nacional por los medios; entre los hechos señalados la Corte destaca el retiro sin previo aviso del vallado perimetral que habitualmente protege el edificio de sus instalaciones lo que ocurrió el día lunes 11 de agosto en horas de la tarde; asimismo denuncia la militarización total del perímetro institucional con un despliegue excesivamente elevado de Fuerzas Armadas y seguramente de la Policía Nacional y Agentes de tránsito para ese sector; mientras que por su parte la Corte Nacional de Justicia -CNJ- advirtió sobre acciones recientes que a su criterio afectan la institucionalidad del país y debilitan el Estado de derechos.
En un comunicado el Presidente encargado de la CNJ, José Suing Nagua hizo hincapié que la democracia se sostiene en la división de poderes, el respeto a los derechos fundamentales y el sometimiento de todas las autoridades a la ley, particularizándose que las decisiones institucionales deben orientarse a proteger a las personas dentro del “marco constitucional y legal”. El documento destaca el papel de la Corte Constitucional como garante de la supremacía de la Carta Magna y defensora de los derechos fundamentales en beneficio del colectivo nacional.
En medio de este barullo institucional y como se denuncia en un medio de comunicación nacional el atraco de los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS- y enriquecimiento ilícito de una abrumadora cantidad de beneficiarios con millones de dólares no se puntualiza a quien hay que denunciar el cometimiento de dichos ilícitos, algo innecesario tramitar porque ya está en conocimiento de la autoridad competente y se trata de ilícitos contra la administración pública o bienes que el mayor depositario es el Gobierno Nacional que cubre a millones de afiliados (3’850.541).
Esperemos que los próximos días pasemos aunque tranquilos emocionados por los resultados de nuestros deportistas.