Luis Sivisaca Caraguay
El 27 de agosto de 2019, Loja marcó un hito en la historia local y nacional al declararse territorio libre de minería metálica. Aquella decisión, aprobada por el Cabildo lojano, no fue casualidad: fue la consecuencia directa de años de movilización, resistencia y exigencia de comunidades campesinas, organizaciones sociales y colectivos que defienden el agua y la vida.
Sin embargo, seis años después, la realidad muestra un contraste alarmante. A pesar del mandato ciudadano, las autoridades locales, provinciales y nacionales se comportan como si aquella declaratoria no existiera. Se ha preferido el silencio, la indiferencia y, en muchos casos, la complacencia frente a la expansión de las concesiones mineras.
Este desdén político no es menor. La Cordillera de Fierro Urco, conocida como la Estrella Hídrica del Sur, con sus más de 27 mil hectáreas de humedales, lagunas y páramos, es un ecosistema estratégico para la vida de Loja y del sur del Ecuador. Sus aguas sostienen cuatro subcuencas fundamentales: Catamayo, Puyango, Jubones y Santiago. De allí depende el consumo humano, el riego agrícola, la producción pecuaria y la biodiversidad que nos da sustento. Hablar de Fierro Urco es hablar de seguridad hídrica, soberanía alimentaria y de futuro para las generaciones venideras.
Sin embargo, se insiste en colocar por encima de estos bienes comunes un modelo extractivista que promete riqueza rápida, pero que deja a su paso contaminación, pobreza y despojo. La minería metálica en zonas de alta fragilidad ecológica no es desarrollo: es condenar a la región a un colapso ambiental irreversible.
Aquí hay una verdad que incomoda a muchos: la declaratoria de Loja libre de minería metálica obliga a las autoridades. No se trata de un gesto simbólico, sino de un compromiso político y ético que debe traducirse en acciones concretas. La Constitución reconoce los derechos de la naturaleza y exige consulta previa, libre e informada a las comunidades, proceso que en el caso de Fierro Urco jamás se realizó. Por tanto, las concesiones mineras son ilegítimas y violatorias de derechos fundamentales.
El silencio de la Alcaldía, la Prefectura, la Gobernación y de los GAD parroquiales no es neutro: es complicidad. Su deber es demandar al Gobierno de Daniel Noboa la revocatoria de todas las concesiones mineras en Fierro Urco y en la provincia de Loja. Lo contrario es traicionar el mandato popular.
La sociedad lojana no se quedará de brazos cruzados. El pueblo seguirá en resistencia, como lo ha hecho siempre, porque defender Fierro Urco no es una opción: es una obligación moral. Sin agua no hay vida, sin territorios no hay futuro, y sin justicia ambiental no hay paz.
Es hora de recordar que el progreso no se mide en toneladas de mineral extraído, sino en la capacidad de cuidar aquello que nos permite existir: el agua, la tierra y la vida misma.