Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), fue convocado por la Fiscalía provincial de Cotopaxi para rendir su versión sobre el presunto secuestro de tres policías en esa provincia. El dirigente calificó la citación como una “persecución política”.

La audiencia está programada para este miércoles 3 de septiembre a las 09:00 en la sede del Ministerio Público de Cotopaxi. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un comunicado oficial sobre la investigación. La denuncia fue presentada por la Policía.

Iza defendió la aplicación de la justicia indígena en el caso de los policías, quienes permanecieron retenidos durante tres días por una comunidad indígena tras ser sorprendidos tomando fotografías en el domicilio del líder indígena.

“Me investigan por supuesto secuestro, cuando ha quedado demostrado que existió un procedimiento de justicia ancestral, en el que se decidió cooperar y colaborar con la justicia ordinaria”, afirmó Iza en su cuenta de X.

Los hechos ocurrieron el 18 de agosto en San Ignacio, Latacunga, donde los comuneros interceptaron a los policías que, según la comunidad, realizaban labores de seguimiento cerca de la vivienda de Iza. Durante la audiencia comunitaria, los dirigentes indígenas presentaron tres teléfonos celulares con entre 3.000 y 5.000 archivos que, según ellos, contenían evidencia de seguimiento a líderes sociales.

Iza defendió su postura y cuestionó la investigación: “Sí, ‘secuestro’ a los agentes infiltrados de una red de hostigamiento al movimiento indígena que pusieron en riesgo mi vida, la de mi familia y mi organización. Nunca participé como autoridad ancestral, sino como víctima, por lo que resulta inverosímil que sea denunciado como victimario. ¿La Fiscalía investigará los actos ilícitos que realiza el gobierno en mi contra?”, señaló.

Por su parte, la Fiscalía reconoció que los policías “se encontraban colaborando con diligencias dentro de una investigación previa”, sin dar mayores detalles.

La Constitución de Ecuador reconoce la justicia indígena conforme a sus tradiciones, mediante las cuales los acusados de diferentes delitos pueden ser sometidos a procedimientos comunitarios que incluyen sanciones públicas. En este caso, los policías fueron atados, interrogados públicamente y finalmente liberados por la comunidad.