Dr. Mgs. Raúl Marcelo Mogrovejo León.
Hoy que vivimos una modernización del Estado, en todo su parámetro es necesario contar con un adecuado enfoque para que el profesional del derecho cuente con herramientas necesarias para su cabal cumplimiento y defensa técnica jurídica.
Uno de ellos es el derecho procesal administrativo cuyo concepto según varios tratadistas del derecho público lo definen a la rama del derecho público que instituye el conjunto de normas y principios que gobiernan los procesos judiciales para resolver conflictos entre particulares y la Administración Pública, o entre distintos sujetos administrativos. Su intención principal es avalar el debido proceso, plasmar los derechos sustantivos y asegurar la justicia, operando como una ruta de control y solución de controversias que no fueron resueltas en la vía administrativa. Constituyéndose en el eje que todo profesional del derecho debe conocer es la necesidad de enfoque a satisfacer al cliente como también cumplir con el legado de defender la cosa pública y al Estado como tal.
El campo de acción que en esta rama del derecho público se enfoca va desde el ámbito ético y moral que como profesional debemos cumplir en nuestras funciones diarias y más aún si nos encontramos en un proceso judicial que debe primar la deontología, y más aún si esto lo vinculamos con la participación ciudadana en las decisiones que se deben tomar; además, se debe considerar que el proceso administrativo se enfoca desde el mismo momento que planteamos algún requerimiento ante autoridad pública en sede administrativa -entendiéndose esto de simple administración – como también en sede judicial que vendría a ser los tribunales de lo contencioso administrativo como instancia superior de no existir acuerdo, resolución o atención en sede administrativa. El acto administrativo y su motivación es un requisito indispensable en la aplicación del procedimiento administrativo fundamentalmente por quien representa a la función pública como tal; justificándose la decisión que se toma, expresándose con plena claridad los hechos y fundamentos relevantes que la sustentan, Con ello, estaríamos garantizando la seguridad jurídica, transparencia y legalidad de los actos administrativo y con ello la tranquilidad del usuario, y así conocer los motivos de una resolución, que te pueden llevar a un reclamo posterior conocido como impugnación sea en sede administrativa que es la misma autoridad o entidad que lo emitió o directamente ante la justicia común, debiéndose diferenciar cada sede.
El abogado debe además conocer los aspectos y técnicas de la aplicación de las llamadas medidas cautelares mismas que en esta materia hay confusión en su aplicación como su respectiva impugnación los mecanismos relacionados con los llamados procesos coactivos que a veces los puedes terminar exitosamente con una práctica y conocimiento adecuado. Todo esto va de la mano con las experticias en la litigación cuya herramienta es fundamental en el momento mismo de la defensa técnica jurídica y procedimental que debemos dominar en la actualidad.
En la actualidad la académica cumple un rol importantísimo en estos campos del conocimiento del derecho, siendo una de ellas la profesionalización de cuarto nivel, que la sociedad exige en la actualidad, frente a ello la primera universidad lojana como es la universidad nacional de loja, bajo el liderazgo de sus autoridades ha puesto a consideración del abogado del país y particularmente de la sociedad lojana el programa de maestría en derecho procesal administrativo y litigación cuyo enfoque esta a contar con profesionales que dominen este campo del derecho público, cuya maestría ha entregado ya a la comunidad ecuatoriana más de cien profesionales con este título académico con doble mención, siendo una de las primeras en dar este tipo de títulos.
En la actualidad esta casa de estudios superiores se halla en la promoción de su tercera cohorte, cuya duración es de 8 meses iniciándose en el mes de enero 2026.