Un trascendental cambio político, social, económico y legal se produjo en México el 4 de diciembre pasado, cuando la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Aguas, pese al bloqueo del PRI, PAN y MC, con 224 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones, con lo cual el Estado recobró el dominio sobre las aguas, que lo había venido perdiendo progresivamente desde hace tres décadas.
En los años 90 del siglo XX realizaron reformas legales que permitieron que grandes empresas pertenecientes a los máximos dirigentes del PRI y del PAN mediante el sistema de las concesiones, se apoderaran del uso de abundantes fuentes de agua, que han manejado como si fuera su propiedad privada.
Según informaciones de Magaly Armenta Oliveros:
«Con el presidente Salinas de Gortari (PRI) se creó la Ley de Aguas Nacionales, que abrió la puerta para regalar concesiones a privados.
Con el presidente Zedillo (PRI) se aceleró la entrega y se permitieron ampliaciones sin control.
Con Peña Nieto (PRI) todo llegó al extremo: más de 500.000 concesiones otorgadas para beneficiar a unos cuantos».
“Los del PAN presumen defender a los productores… pero sus propios líderes acumulan más de 3 millones de metros cúbicos de agua.
Vicente Fox y su familia: 10 concesiones por más de 2.1 millones de metros cúbicos.
Marco Cortés: 2 concesiones por más de 180.000 metros cúbicos»
Esos privilegios leoninos, que han perjudicado a centenares de miles de mexicanos, se acabaron, en un acto de estricta justicia del gobierno que preside Sheinbaum.
Estas privatizaciones se han practicado también en otros países, con funestas consecuencias. En Chile se concesionaron ríos enteros, dejándolos sin agua a los mapuches, que lógicamente se rebelaron y fueron reprimidos a sangre y fuego, como si fueran los más peligrosos bandoleros.
En Ecuador la Junta Militar de Gobierno dictó la primera Ley de Aguas, en 1964, en la que se estableció sin lugar a duda alguna que las aguas son del Estado y no pueden ser objeto de propiedad privada. Ventajosamente acá no se ha intentado privatizar las aguas y por lo tanto no tenemos algún conflicto social por este motivo, pero este gobierno está empeñado en desarrollar proyectos privados de explotación de oro en lugares que proveen de agua para el consumo humano y la agricultura, que dejarían sin el líquido vital a Cuenca, a varias poblaciones de Loja y El Oro y de otras jurisdicciones.
Por lo que acaba de ocurrir en México podemos colegir que este tipo de atropellos criminales no cuentan con condiciones sociales para eternizarse, que los pueblos logran reivindicar sus derechos; que la destrucción jurídica que han hecho Moreno, Lasso y Noboa no será permanente.