El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción en Ecuador ante el escenario de grave conmoción interna que atraviesa el país. La medida tendrá una vigencia de 60 días y se aplicará en nueve provincias y tres cantones, con el objetivo de reforzar la seguridad y enfrentar a los grupos de delincuencia organizada.

El decreto ejecutivo establece que el estado de excepción regirá en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Además, se incluye a los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), territorios considerados prioritarios para la ejecución de operativos especiales.

Durante este periodo, el Gobierno autoriza medidas extraordinarias de control y seguridad, entre ellas la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Esto permitirá a la fuerza pública realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios claros de la presencia de organizaciones criminales, armas, municiones o sustancias sujetas a fiscalización.

El decreto señala que estas acciones deberán ejecutarse bajo los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad, respetando el debido proceso y los derechos constitucionales que no pueden ser suspendidos. Cada intervención deberá quedar debidamente documentada.

En cuanto a la correspondencia, la normativa autoriza su revisión de forma excepcional y caso por caso, únicamente cuando sea indispensable para prevenir o neutralizar amenazas vinculadas a la declaratoria. Para ello, las autoridades deberán presentar informes motivados que justifiquen cada actuación.

La ejecución del estado de excepción estará a cargo de los ministerios del Interior y de Defensa, con la participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en coordinación con otras entidades del Estado.

Finalmente, el Ejecutivo dispuso la notificación oficial a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la ONU y la OEA, y derogó el decreto anterior vigente desde noviembre de 2025, estableciendo así un nuevo marco de acción para las fuerzas de seguridad durante los próximos dos meses.