Allanamientos por presunto lavado de activos a líderes de RC generan reacciones en Loja

A woman in a light pink outfit stands at a desk, reading documents, while a masked officer in a uniform watches from the side. The background features a bookshelf filled with books and personal items. — Allanamientos a casas de integrantes del Movimiento Revolución Ciudadana.

Operativos ejecutados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en viviendas de líderes del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), dentro del denominado caso Caja Chica, provocaron reacciones locales que exponen visiones opuestas sobre la actuación judicial y el contexto político nacional.

Circunstancias

La madrugada del miércoles 28 de enero de 2026, la Fiscalía ejecutó allanamientos en las provincias de Pichincha y Guayas como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Las diligencias incluyeron domicilios vinculados a Luisa González, Andrés Arauz, Saud Manzur y al asambleísta Patricio Chávez, dentro de un proceso identificado como Caja Chica.

Frente a estos hechos, diversas voces lojanas expresaron posturas críticas. El excoordinador Zonal 7 de Educación y abogado Luis Cuenca Medina, manifestó a Diario Crónica que los operativos confirman una persecución contra figuras de la oposición.

“Considero que la actuación del Fiscal General encargado respondería a un montaje orientado a fortalecer la aspiración de alcanzar la titularidad. Además, con ello, intentan desviar la atención pública de problemáticas nacionales pendientes, como el caso de Progen o la situación de 93 hectáreas en Santa Elena, entre otros”, dijo.

El jurista sostuvo que una intervención de esta magnitud debió sustentarse en pruebas sólidas sobre el delito de lavado de activos. “Creo que, pese a la difusión mediática, con el tiempo quedará en evidencia la inexistencia de responsabilidad penal, aunque ya queda la idea en la ciudadanía que los militantes de la Revolución Ciudadana son delincuentes”, añadió.

Desde una óptica jurídica, la abogada Sandra Jiménez Cabrera, explicó a Crónica que las diligencias corresponden a una fase preprocesal destinada a recopilar elementos de convicción. “Este tipo de indagaciones puede extenderse hasta uno o incluso dos años, periodo durante el cual la Fiscalía evalúa la responsabilidad o inocencia de las personas investigadas”.

Recordó que el lavado de activos constituye un delito de alta gravedad y resaltó el interés del actual Gobierno Nacional por combatirlo. En tal sentido, descartó un trasfondo de persecución política y subrayó la vigencia de normas estrictas orientadas a prevenir este tipo de ilícitos, incluso durante la realización de un pequeño trámite.

Advirtió que la justicia requiere reserva durante las investigaciones previas, por ello, no pueden avisar a las personas acusadas, tal como lo solicita la oposición debido a que una difusión anticipada podría facilitar la ocultación de evidencias.

En cambio, Patricio Lozano Lozano, exconcejal del cantón Loja, manifestó que el Estado está en la obligación y su deber de brindarnos seguridad, para ello, tiene herramientas e instrumentos para preservarla y erradicar la delincuencia organizada, lavado de activos, tráfico de drogas y más, sin embargo, al parecer la justicia está escuchando al poder de turno, seleccionando a ciudadanos no con argumentos jurídicos sino políticos.

“Creo que la misión es terminar con un movimiento político en particular en este caso la Revolución Ciudadana. Los allanamientos están enmarcados en la ley, pero no se ha escuchado los mismos actos en el caso de Progen, ATM, pagos sospechosos con la Seguridad Social…”, añadió.