Alfredo Suquilanda

El 9 de enero de 2024, el Registro Civil negó la petición, a un menor de edad, que deseaba rectificar su sexo,  alegando que el artículo 94 de la Ley establece que la cédula de identidad debe contener, entre otros datos, el “sexo” (masculino-femenino); y que, en su tercer inciso permite que, “voluntariamente, al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, la persona por su libre desarrollo de la personalidad e identidad podrá solicitar la rectificación de la mención de sexo o género en el instrumento que corresponda”.

El 17 de abril de 2024 ingresó a la Corte Constitucional este caso que se da porque los padres de un adolescente solicitaron a la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación (Registro Civil) cambiar el nombre y rectificar la mención del género de su hijo adolescente en su documento de identidad la cual obtuvo fallo favorable en febrero de 2015.

El 5 de febrero de 2026, con cinco de nueve votos de los jueces de la Corte Constitucional, se suscribió un fallo en el que se concluyó que la regla establecida en los artículos 94 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y el artículo 32 del reglamento, que exige la mayoría de edad para rectificar el género en los documentos de identidad, es inconstitucional;   pero se requiere solicitud personal, consentimiento de representantes legales y respaldo de informes psicosociales que acrediten madurez.  Permite la rectificación de la mención de género en el documento de identidad para adolescentes, garantizando el libre desarrollo de la personalidad e identidad  

Las críticas a la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador (febrero 2025) que permite el cambio de género a menores se centran en la supuesta imposición de una «ideología de género» y la vulneración de la patria potestad. Sectores de la ciudadanía y la Iglesia Católica argumentan que estos fallos atentan contra la integridad de menores y la estructura familiar.  La Conferencia Episcopal Ecuatoriana calificó el fallo como un «peligroso atropello» que busca imponer una ideología en el sistema educativo y en la niñez, cuestionando la madurez de los menores para tomar estas decisiones. Existe rechazo por parte de padres de familia y grupos sociales  que ven en las decisiones judiciales una intromisión en el derecho a educar a sus hijos según sus valores. Sectores educativos y políticos han declarado que no implementarán acciones que consideren basadas en tales ideologías, señalando que la Corte actúa de forma «irresponsable». Se debate si la Corte está forzando interpretaciones de derechos humanos.