Más de mil denuncias ingresadas en 2025 evidencian la magnitud del desafío del Consejo de la Judicatura de Loja, mientras hay avances en mediación, protección de derechos e incluso destitución de tres servidores judiciales.
Circunstancias
El Consejo de la Judicatura presentó un balance correspondiente al año 2025, en el cual resaltó acciones orientadas a combatir la corrupción, optimizar la atención ciudadana y fortalecer la protección de grupos vulnerables.
Adriano Loján Zumba, director provincial de la entidad en Loja, expresó a Diario Crónica que durante ese periodo ingresaron 1.117 denuncias por presuntos actos de corrupción. De ese total, 965 casos recibieron atención, 53 continúan en etapa investigativa y 99 permanecen pendientes. Estas cifras reflejan una carga significativa para el sistema judicial provincial y evidencian la necesidad de fortalecer mecanismos de control.
En materia de resolución de conflictos, el centro de mediación logró 437 acuerdos, resultado que generó un ahorro de USD 193.591 para el Estado. Este mecanismo alternativo contribuye a descongestionar despachos judiciales y facilita soluciones ágiles entre las partes involucradas.
El ámbito disciplinario también registró avances relevantes. A lo largo del año se resolvieron 15 expedientes, con sanciones dirigidas a corregir conductas inapropiadas dentro del servicio judicial. Entre las decisiones adoptadas constan tres destituciones de funcionarios debido a actuaciones u omisiones incompatibles con sus responsabilidades.
Atención
Las políticas enfocadas en derechos humanos ocuparon un eje prioritario. “Realizamos 53 reuniones provinciales en donde abordamos estrategias para mejorar la atención, investigación y sanción en casos de violencia de género. Además, 23 mesas de trabajo se centraron en problemáticas relacionadas con niñez y adolescencia, con énfasis en protección integral”, dijo.
Afirmó que la aplicación de la Directriz de Severidad Procesal permitió priorizar causas vinculadas a feminicidios, muertes violentas de mujeres y delitos sexuales contra menores. Esta herramienta impulsó la reducción de tiempos judiciales y fortaleció la coordinación interinstitucional. Como parte de este esfuerzo, realizaron el seguimiento a 48 casos de feminicidio y muertes violentas de mujeres, así como a 286 procesos con retrasos y 37 expedientes relacionados con niñas, niños y adolescentes en condiciones similares.
Presupuesto
El director indicó que el presupuesto para la entidad era de USD 15’405.526.79 con un codificado de USD 13’367.490.80 y un devengado de USD 13’320.542.91, lo que representa una ejecución del 99,65 %. Este nivel evidencia eficiencia en la administración de recursos públicos.
Finalmente, hubo la implementación de mesas técnicas con distintos actores permitió generar propuestas orientadas a mejorar la calidad del servicio judicial y la atención a los usuarios, consolidando una gestión enfocada en transparencia, eficiencia y acceso a la justicia.(I).