Rafael Riofrío
La mutación del autoritarismo en el Ecuador actual no solo es alarmante por su violencia, sino por su sofisticación estratégica. La criminalización de la protesta social, ya no se limita al uso del andamiaje judicial para tildar de “saboteadores” a los líderes populares y políticos. Bajo la administración de Daniel Noboa, amparada en la narrativa de “conflicto armado interno”, la represión ha dado un salto cualitativo, pasó de la fuerza física y la militarización de las calles hacia una asfixia civil y política absoluta, que ya deja un trágico saldo de manifestantes fallecidos, heridos y detenidos.
Hoy, el silenciamiento de las demandas populares por empleo, salud y el congelamiento de combustibles se ejecuta mediante dos pinzas institucionales implacables. La primera es la asfixia económica, reflejada en el bloqueo arbitrario de cuentas bancarias a organizaciones sociales críticas como la UNE y la UNORCAC. La segunda, y más peligrosa para la supervivencia democrática, es la captura del sistema electoral. Con la complicidad de un Consejo Nacional Electoral amañado, el régimen ha dispuesto la eliminación deliberada de partidos políticos de oposición, como RC5, Unidad Popular y Construye. El objetivo de fondo es nítido, desaparecer todo contrapeso de cara a los próximos comicios, configurando una cancha inclinada donde la oposición política sea relegada antes de llegar a las urnas.
Esta estrategia de tierra arrasada contrasta drásticamente con la realidad de la gestión gubernamental. Mientras las estructuras críticas y los partidos políticos son desmantelados bajo la etiqueta de “peligrosos”, el reciente Informe a la Nación del 24 de mayo desnudó a un mandatario incapaz de sostener sus propias promesas. Las cifras de las encuestadoras son demoledoras, apenas el 30% de su discurso fue cierto, sepultado por un 40% de afirmaciones engañosas y falsas.
Así Noboa se perfila, como un presidente obediente al imperio, pero autoritario e ineficiente en casa, cuya aceptación popular se desploma al ritmo que crecen la inseguridad, el desempleo y la crisis del IESS. La «democracia policiaca» ha instrumentalizado el miedo legítimo a la criminalidad común no para pacificar el país, sino para neutralizar la protesta social y proscribir el pluralismo político. El Ecuador no tiene un plan de seguridad, sino un proyecto de concentración del poder donde los derechos civiles y las elecciones libres no se ajustan a lo expresado en la Constitución.