Una intensa controversia jurídica e institucional surgió en Ecuador tras la aprobación de una reforma legal que faculta a la Contraloría General del Estado a eliminar información clasificada en un plazo máximo de 30 días. Juristas tras su análisis advierten riesgos para futuras investigaciones relacionadas con el manejo de recursos estatales, ya que habría más impunidad.
Circunstancias
La medida fue incorporada mediante el artículo 20 de la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales. La normativa, aprobada por la Asamblea Nacional el 09 de junio de 2026, autoriza la eliminación, destrucción o borrado seguro de documentación física y digital una vez concluidos y ejecutoriados los informes y auditorías institucionales. El alcance de la disposición incluye archivos que contengan información confidencial, reservada, secreta o secretísima.
El cambio representa una ruptura con los mecanismos históricos de conservación documental que obligaban a las entidades estatales a mantener registros contables, administrativos y de contratación durante períodos comprendidos entre cinco y quince años. Dichos antecedentes constituyen herramientas esenciales para auditorías posteriores, exámenes especiales y procesos de control relacionados con el uso de fondos públicos.
El abogado constitucionalista José Andrade cuestionó en Diario Crónica la constitucionalidad del artículo y sostuvo que la disposición afecta directamente el principio de seguridad jurídica. “No resulta compatible con el orden constitucional extinguir el rastro documental de las actuaciones estatales en apenas 30 días. El artículo 233 de la Constitución establece responsabilidades para los servidores públicos y determina la imprescriptibilidad de delitos como peculado, cohecho y concusión. Sin respaldo documental, cualquier investigación futura enfrenta obstáculos significativos”, manifestó.
Desde distintos espacios ciudadanos también han surgido cuestionamientos respecto a los efectos prácticos de la reforma. Diversas voces advierten que una eliminación anticipada de archivos podría reducir la capacidad de control social sobre la gestión estatal y debilitar mecanismos destinados a garantizar la rendición de cuentas.
La abogada especialista en Derecho Administrativo, María Cevallos, afirmó a Diario Crónica que la disposición podría entrar en conflicto con principios de transparencia y acceso a la información pública. “La documentación generada por instituciones estatales constituye parte del patrimonio documental del país y cumple una función esencial dentro de los sistemas de control gubernamental”.
“La conservación de archivos no responde únicamente a fines administrativos. También garantiza derechos ciudadanos, facilita procesos judiciales, respalda investigaciones académicas y fortalece la memoria institucional del Estado. Una reducción tan drástica del período de resguardo podría generar vacíos documentales difíciles de subsanar en el futuro”, señaló.
La única vía para evitar que borren información valiosa es presentar una denuncia indicando que la reforma es inconstitucional ante la Corte Constitucional del Ecuador.(I).