Ante casos de violencia, específicamente sexual que afectan a niños, niñas y adolescentes fuera del ámbito escolar, las familias cumplen un papel fundamental para activar los mecanismos de protección y garantizar el acceso oportuno a la justicia. La flexibilización académica forma parte de la ruta de atención.

Circunstancias

En lo que va del 2026, varios casos de violencia contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes han sido sentenciados a los culpables en la ciudad de Loja.

Katy Armijos Arrobo, analista zonal de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, explicó en Diario Crónica los procedimientos que contemplan las entidades competentes frente a este tipo de situaciones.

“Cuando el hecho ocurre de manera flagrante, la primera acción corresponde a los representantes legales, padres, madres o cuidadores, quienes deben comunicarse de inmediato con el ECU 911 para iniciar la denuncia. Posteriormente, la Policía Nacional brinda acompañamiento hasta la Fiscalía, instancia encargada de formalizar el proceso legal”, dijo.

En aquellos casos donde el hecho llega a conocimiento de la familia horas o días después, la notificación puede realizarse directamente ante la institución educativa. A partir de ese momento, el Ministerio de Educación activa los protocolos y rutas de actuación establecidos para proteger al estudiante afectado.

La funcionaria destacó la importancia de informar a las autoridades educativas una vez presentada la denuncia. Esta comunicación permite identificar al presunto agresor y determinar las acciones correspondientes según cada caso. Cuando el responsable pertenece a la comunidad educativa, el Distrito de Educación interviene mediante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. En cambio, si el involucrado resulta ajeno al sistema educativo, el caso pasa a conocimiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos.

Paralelamente, el Ministerio implementa un plan integral de acompañamiento y restitución de derechos. Esta estrategia contempla apoyo pedagógico, derivación a atención psicológica y actividades preventivas orientadas a fortalecer la convivencia dentro de la comunidad educativa y evitar nuevos episodios de violencia.

“La protección emocional del estudiante constituye otra prioridad dentro del proceso. Si la víctima manifiesta temor o dificultades para retornar a clases tras la experiencia vivida, las autoridades aplican mecanismos de flexibilización educativa. Entre las alternativas constan fichas pedagógicas, seguimiento académico personalizado y acompañamiento extramural hasta lograr condiciones favorables para el regreso a las aulas”, dijo.

La medida también beneficia a estudiantes que atraviesan periodos de evaluación o exámenes finales. En estos casos, las instituciones adaptan las actividades académicas mediante trabajos, evaluaciones diferenciadas u otros recursos que permitan valorar el aprendizaje sin generar presiones adicionales.

La prioridad radica en garantizar el bienestar integral del niño, niña o adolescente, respetando su proceso de recuperación y protegiendo plenamente sus derechos”, enfatizó la analista.(I).