El hallazgo recurrente de celulares en los centros de privación de libertad, entre ellos el de Loja, revela que pese a los controles y requisas ejecutadas por las autoridades la problemática continúa. En el primer semestre de 2026, han confiscado más de 60 celulares.

Circunstancias

Los dispositivos aparecen ocultos en estructuras de cemento, falsos pisos, paredes modificadas, inodoros y prendas de vestir, métodos que evidencian planificación y conocimiento del sistema de seguridad penitenciaria por parte de los reos. En el caso de Loja, durante el primer semestre del año y tras múltiples operativos, las autoridades han decomisado aproximadamente 60 dispositivos, cifra que reabre interrogantes sobre los mecanismos de ingreso.

La penetración de tecnología en estos espacios expone debilidades en los filtros de seguridad aplicados a custodios, personal administrativo y visitantes. Expertos plantean la urgencia de implementar auditorías permanentes y modernización de equipos de inspección, con el fin de reducir el ingreso de objetos prohibidos.

Además, el último censo penitenciario del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ubica a la cárcel de Loja como uno de los establecimientos con mayor acceso a celulares, con un 38% de internos que admite su utilización.

Familiares de los internos revelaron a Diario Crónica que, dentro del sistema penitenciario, el mercado ilegal de comunicación adquiere dimensiones alarmantes. Cecilia A. R., quien tiene a su hijo pagando una pena por tráfico de droga, expresó que, en conversaciones con su pariente, un teléfono de gama media, valorado en aproximadamente USD 200 fuera del recinto, alcanza precios de hasta USD 1.000 al interior. Asimismo, una llamada breve puede costar alrededor de USD 10.

Para el expolicía José Camacho Ailón advirtió en Crónica la necesidad de incorporar tecnología de escaneo corporal en los ingresos al centro carcelario. Según su criterio, la presencia de estos dispositivos (celulares) implica participación interna en la cadena de ingreso. Además, sostiene que las requisas, aunque necesarias, resultan insuficientes mientras persista la filtración de objetos prohibidos.

Sanción

En ese ámbito, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 275, establece sanciones de uno a tres años de privación de libertad para quien introduzca bebidas alcohólicas, drogas, armas, celulares u otros artículos prohibidos en centros penitenciarios. En el caso de funcionarios públicos como militares, policías o guías penitenciarios, la normativa contempla el doble de la pena máxima, alcanzando hasta seis años de prisión.

Hacinamiento

Por otro lado, el hacinamiento penitenciario continúa como problemática nacional. En la provincia de Loja, la población carcelaria bordea los 800 reos, cifra variable que registra incrementos y reducciones periódicas, aunque sin variaciones estructurales significativas en los últimos reportes.(I).

En el censo penitenciario, casi 6.000 presos declararon haber tenido acceso a un celular a escala nacional. Esto representa el 19% de la población carcelaria.

Según datos del censo, la cárcel de Loja es el centro con más acceso a celulares. El 38% de sus internos reportó haber utilizado un celular.