Operadores de justicia en la mira delincuencial
Antonio C. Maldonado V.
Atravesamos por la “guerra especial” decretada por el primer mandatario que mantiene aterrorizada a la ciudadanía con un toque de queda sui-generis de las 11 horas a las 5 del día siguiente que afecta además en la economía de una serie de actividades, cuyos propietarios y personal del local donde laboran y prestan servicios al colectivo —especialmente, en las ciudades que han tenido un gigantesco crecimiento urbano— que requieren del tiempo necesario para movilizarse desde sus hogares y disfrutar del regocijo nocturno en celebraciones festivas; el desacato de las medidas dispuestas por las autoridades conlleva la correspondiente sanción y esto sigue aumentando los centros penitenciarios con infractores que en la actualidad obtienen la libertad condicional en los centros de rehabilitación social ya sea en régimen abierto o semiabierto. Es importante destacar que desde la vigencia del Decreto Nº 111, se han llevado a efecto 7.814 operativos, 859 detenidos, 9 agrupaciones terroristas afectadas, incautación de armas y dólares sin que hasta la fecha esto tenga visos de solución, requiriéndose además la asistencia de países y organizaciones del exterior, desde luego con el aporte económico de la ciudadanía y la imposición de nuevos tributos para solventar el cuantioso déficit fiscal.
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