Antonio C. Maldonado V.
Atravesamos por la “guerra especial” decretada por el primer mandatario que mantiene aterrorizada a la ciudadanía con un toque de queda sui-generis de las 11 horas a las 5 del día siguiente que afecta además en la economía de una serie de actividades, cuyos propietarios y personal del local donde laboran y prestan servicios al colectivo —especialmente, en las ciudades que han tenido un gigantesco crecimiento urbano— que requieren del tiempo necesario para movilizarse desde sus hogares y disfrutar del regocijo nocturno en celebraciones festivas; el desacato de las medidas dispuestas por las autoridades conlleva la correspondiente sanción y esto sigue aumentando los centros penitenciarios con infractores que en la actualidad obtienen la libertad condicional en los centros de rehabilitación social ya sea en régimen abierto o semiabierto. Es importante destacar que desde la vigencia del Decreto Nº 111, se han llevado a efecto 7.814 operativos, 859 detenidos, 9 agrupaciones terroristas afectadas, incautación de armas y dólares sin que hasta la fecha esto tenga visos de solución, requiriéndose además la asistencia de países y organizaciones del exterior, desde luego con el aporte económico de la ciudadanía y la imposición de nuevos tributos para solventar el cuantioso déficit fiscal.
En lo relativo a los administradores de la justicia, dichos operadores corren el riesgo en sus actividades al pronunciarse contra miembros de las bandas delincuenciales, por lo que exigen protección permanente y frenar hechos delictivos contra funcionarios de la Fiscalía y las amenazas ya sea por escrito o mediante el sistema virtual además a sus familiares; similar suerte corren los miembros y empleados de la Función Judicial; hace pocos días se produjo el vil asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil, por intervenir y pedir severa sanción a los autores e implicados en el asalto y secuestro del personal que laboraba en el canal TC Televisión y periodistas profesionales de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), para quienes piden protección; por su parte la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicita el permanente resguardo policial para evitar que se continúe con esta serie de asesinatos.
Tratando otro tema, que es el de las ilícitas actividades a cargo del terror funcionando abiertamente en este 2023 o de los centros de reclusión cuya crisis se ha vuelto insostenible con el secuestro del personal administrativo y de guías penitenciarios, algunos de ellos asesinados y motines permanentes que movilizan a la Fuerza Pública que penetra y requisa armamento de toda clase, celulares y dinero, trasladando a los cabecillas a cárceles de mayor seguridad, escenas trágicas con la muerte de 413 reclusos durante el año 2021 hasta el 2022.
No se sabe hasta cuándo durará esta terrorífica situación que se ha vuelto similar a la pandemia de la COVID-19, que a cada momento rebrota.
Loja, 18 de enero de 2024.