Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Loja

Santiago Armijos Valdivieso

El pleno del Consejo de la Judicatura aprobó, mediante resolución No.049-2020 de 14 de mayo, el denominado “Plan de cobertura judicial para servidores de la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional 2020-2021”. Con ello, el organismo pretende optimizar la labor de los jueces, a partir de mediciones, evaluaciones y determinación de parámetros técnicos referenciales, lo cual, es acertado en la medida que se adapte a las necesidades reales de quienes acuden a la Función Judicial para encontrar una justicia con celeridad.

Hago énfasis en el principio de celeridad porque ello ha sido un carísimo anhelo que aún no se ha alcanzado en la administración de justicia, aunque se debe reconocer algunas mejoras conseguidas en el sistema oral. Los antiguos decían con la razón de la experiencia que quien quiere juicio debe tener mucho juicio, lo cual, resulta una gran verdad vigente, dado el lento ritmo que caracteriza a los trámites judiciales para obtener una sentencia.

Sin embargo, al revisar el referido plan que analiza la situación de todos los distritos judiciales del país, consta la preocupante recomendación de reducir jueces en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en Loja, sin considerar que dicha dependencia judicial atiende dos materias jurídicas: la administrativa y la tributaria; situación que no acontece en el resto de las provincias, en las que los tribunales contenciosos se bifurcan en administrativos y en tributarios.

Adicionalmente, para entender la dimensión del tema se debe tener en cuenta que impartir justicia administrativa y tributaria presenta especial complejidad y enorme responsabilidad, dado que en la misma se enfrentan ciudadanos contra el Estado y las entidades públicas que lo integran; esto, impone además la realización de una serie de rigurosas diligencias y prolongadas audiencias judiciales, así como también, la evaluación de numerosas pruebas materiales y documentales y la práctica de dificultosas experticias técnicas.

Se argumenta en el citado plan de la judicatura que la recomendación de disminuir de seis a tres jueces la integración del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede en Loja obedece a que el número de casos por juez (64) se situaría debajo de la cantidad aceptable en el país, lo que es relativo, si se considera que ha dicho parámetro habría que agregarle la complejidad jurídica del asunto a resolver y el número de jornadas necesarias para evacuar audiencias y diligencias, dentro de un sistema oral imperante, en el que la ejecución de las mismas demanda mucho tiempo.

Por esas razones y considerando que Loja es una jurisdicción de las que resulta más difícil defenderse de los excesos del poder público por el obeso centralismo gubernamental, la reubicación o la pérdida de tres jueces del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario será un lamentable retroceso que generará intolerables demoras en la tramitación de las causas, bajo la impotente desesperación ciudadana. Para evitar aquello, la judicatura debería tener muy presente lo dicho por el filósofo romano, Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.

Desde esta tribuna, me sumo a las voces lojanas que con acierto han solicitado al Consejo de la Judicatura mantener integrado con seis jueces al Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Loja. Eso es lo que judicialmente necesita nuestra fronteriza y postergada provincia para resolver con celeridad las disputas administrativas y tributarias que surgen diariamente.