Desesperantes trámites públicos

Santiago Armijos Valdivieso


Mucho antes de que ocurra la pandemia y ahora con mayor gravedad, las gestiones administrativas para obtener pasaporte, cédula, patente municipal, permisos de funcionamiento y un largo etcétera, han sido y son una tortura.

Citas a largo plazo, enormes colas de pavo real y exasperantes esperas en abarrotados pasillos y ventanillas, marcan el rostro de gran parte de las entidades públicas. Todo esto, a pesar de la tantas veces cacareada simplificación de trámites públicos, anunciada por varios gobiernos que se han sucedido en el poder. El problema se ha agudizado a tal extremo que obtener un pasaporte en el Registro Civil se ha convertido en una misión casi imposible que demanda toneladas de tiempo y paciencia, en medio de una creciente desesperación y frustración ciudadana. Tal es así, que el propio presidente de la República se vio obligado a anunciar vía twitter lo siguiente: “Aplicaremos un plan emergente en @RegistroCivilec a nivel nacional para cumplir con la alta demanda de pasaportes. Desde el 4 de noviembre, atenderemos los siete días de la semana de 6AM a 8PM, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad y aforo permitido”. Aunque la decisión presidencial alivia el problema, no lo resuelve en su totalidad, dado que su dimensión es enorme por alcanzar a casi todo el sector público, en el que se incluyen los gobiernos autónomos descentralizados.

Paradójicamente, desde el 23 de octubre de 2018, Ecuador cuenta con la denominada “Ley Orgánica para la optimización y eficiencia de trámites administrativos”; la cual, por lo que se ve y se sufre todos los días en las diferentes dependencias de muchas instituciones públicas, duerme profundamente en las páginas de un texto legal para la simple ilusión del pueblo. Como muestra de aquello mencionaré un ejemplo: una parte del Art. 11 de la referida ley establece imperativamente que: “(…) las entidades reguladas por esta Ley no podrán exigir a las personas interesadas la entrega de datos o de originales o copias de documentos que hubieren sido presentados previamente a la entidad ante la que se gestiona un trámite administrativo, incluso si dicha entrega tuvo lugar en un período anterior, o si se la presentó para la gestión de un trámite distinto o ante otra unidad administrativa de la misma entidad (…)”. De la norma citada se desprende con facilidad que en ninguna entidad pública se puede exigir a los ciudadanos la presentación de documentos similares entregados en trámites anteriores. Lamentablemente esto no está ocurriendo, pues, cada vez que hacemos una gestión en dependencias ministeriales, municipios, organismos de control, administraciones tributarias, etc.; se nos exige entregar una y otra vez copia de la cédula de ciudadanía, a pesar de haberlo hecho muchas veces. Como dije, esto es un ejemplo simple de varios incumplimientos de una ley que sigue ahogada en las aguas indolentes de la burocracia pública que no logra encontrar soluciones integrales al problema de la tramitología innecesaria. Es justo reconocer que algo se ha avanzado en la atención de trámites por internet, pero ello también es insuficiente, debido a los persistentes problemas de saturación y caída de páginas web desde las que se tramita los asuntos burocráticos.

Urge entonces que las autoridades nacionales y seccionales tomen cartas en el asunto para soliviantar el calvario que sufrimos los ecuatorianos (no se diga los extranjeros) al realizar trámites administrativos básicos (presencialmente o por internet) para obtener documentos de identificación, atender obligaciones tributarias nacionales y municipales, conseguir permisos para actividades profesionales y comerciales, etc. Es lo mínimo que podemos aspirar como ciudadanos de una República que proclama una ley de eficiencia administrativa en plena vigencia.