La crisis carcelaria en los centros de rehabilitación social (CRS) del país no ha sido solucionada, ante esto, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) baraja la posibilidad de contratar seguridad privada. Juristas lojanos con criterios divididos ante la situación.

Circunstancias

La exdirectora del centro carcelario de Loja, Sandra Jiménez Cabrera, expresó que en la actual crisis económica que se encuentra el país no considera necesario que se pueda contratar fuerza laboral de orden privado, ya que daría más cabida a los negociados, además, no cuentan con la experiencia suficiente para actuar en casos de amotinamiento.

“Se podría hacer una reforma al Código Orgánico Integral Penal para que pueda entrar el Ejército al interior de las cárceles, ya que su trabajo ha sido loable; por ejemplo, en la fuga de los reos de semanas atrás en Latacunga, fueron los militares quienes los recapturaron”.

Con la presencia de los funcionarios se evitará la corrupción y los recursos asignados (USD 50 millones) sean bien distribuidos, ya que actualmente no se ha visto cambios y más bien las cárceles están sobrepobladas.
El jurista Iván Roldán Rogel indicó que, en lo personal no está de acuerdo que entre las medidas para lidiar con la crisis carcelaria se hable de contratar seguridad privada para los exteriores de los centros de rehabilitación.

“Para ello está la Policía Nacional que haría un excelente trabajo, caso contrario con personas civiles aumentaría la presión de fuga, el ingreso de indumentarias, armas, droga, entre otros”.

También que se haga una reforma integral de carácter penal al sistema penitenciario y se reestructure la situación interna de las cárceles con una propuesta de rehabilitación que no debe ser humanitaria, porque los presos están purgando una pena de acuerdo a su delito.

Por otro lado, el abogado Galo Ortega Criollo, destacó que no sería un disparate que la seguridad externa de las cárceles sea manejada por instituciones privadas; a nivel internacional, principalmente en Europa (España) estos lugares son manejadas por empresas privadas, lo cual influirá en la disminución de la corrupción de los propios funcionarios del SNAI.

La experiencia de reformar a la persona en conflicto con la ley para devolverlo a la sociedad podría dar resultado. También habrá una disminución de los gastos que el Estado ocupa en sostener a estas personas detenidas.

“Para que todo fluya debe ir de la mano con una política criminal adecuada para conseguir la disminución del hacinamiento que es uno de los grandes problemas de los centros de privación de la libertad”.(I).

Dato
En Loja la población de reos sobrepasa las 1000 personas.