El trago que envenena

Mercedes Carrera R.

La inseguridad jurídica se aprecia en el Ecuador, las resoluciones adoptadas por los organismos competentes son como cuerdas flojas, es decir siempre existe una forma de evadir el efectivo cumplimiento.

La interposición de acciones de recursos como el de apelación, protección, queja, entre otros que se les pueda ocurrir a los iluminados abogados para defender a sus polémicos clientes demuestran que la justicia está sostenida por tambaleantes estructuras.

Este hecho se refleja por el cuestionado alcalde de Quito, Jorge Yunda, que ya parece que se queda sin el cargo y una vez más reaparece para armar el desorden.

En todo caso no es el único que mantiene en incertidumbre a la ciudad, el concejal Fernando Morales quiso convertirse en héroe de la patria y para procurar la independencia, más que los próceres del 10  de Agosto de 1809, decidió lanzar un vaso con agua a Jorge Yunda cuando se producía una intervención libertaria.

Los ecuatorianos y especialmente los habitantes de la capital de la república ven con impotencia como las autoridades se aferran al cargo, arman el show de ataque y analizan el si te vas o te quedas con el trago amargo de la polémica.

Estos eventos no aportan con soluciones prácticas a los problemas que enfrenta esta ciudad como la carencia de obra pública, la falta de empleo, la inseguridad, entre otros en los que es preciso atender de forma emergente.

En Quito y en el resto del país sentimos la inacción de la injusticia, percibimos lo nauseabundo  de la componenda política, el derroche de recursos y la pérdida de la cordura en el ejercicio de la gestión pública y la fiscalización.

Los ciudadanos debemos rechazar estos eventos. Quito estrena dos alcaldes y concejales que reciben recursos del Estado para que cumplan las acciones puntuales que determina la Constitución y demás leyes relacionadas con la regulación de los gobiernos autónomos descentralizados, cuando estos compromisos pasan a segundo plano los alcaldes de Quito y los concejales deberían comprometerse a no recibir los recursos del Estado hasta que  ofrezcan garantías a la población de encausar las turbias aguas del desafuero por el eficiente servicio a la comunidad.