Municipio tiene 30 días para interponer la acción extraordinaria de protección

Tras más de cinco meses de espera, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos, la tarde del lunes 16 de mayo emitió la sentencia de la apelación que el Municipio de Loja hizo al fallo de la acción de protección que le fue favorable a Safety Enforcement. Los jueces niegan la medida y envían a que se analice el pago de los recursos en el Tribunal Contencioso Administrativo.  

Novedad

Dicha acción de protección fue admitida por la jueza de Quevedo, Jenny Patricia Freire Arias, a favor de Safety, y ratifica en parte en segunda instancia dispuso el pago en la actualidad de casi USD 14 millones a la empresa conocida en la localidad por haber realizado el control de los límites de velocidad mediante fotorradares.

El presidente del Colegio de Abogados, José Luis Silverio, indicó que la sentencia emitida por los jueces constitucionales: Julio Tenesea, Isabel Ordóñez y Venus Loor Intriago, en donde se ratifica lo de primera instancia; “no estamos contentos con esta decisión, nos sentimos decepcionados por lo malhadado de las cosas, pero seguiremos hasta el final. Tenemos otra instancia. No se ha terminado, vamos a continuar en la lucha”.

El abogado César Guerrero Cueva puntualizó que la acción de protección presentada por el Ayuntamiento local y se defendió en derecho, el 02 de diciembre de 2021, frente a la supuesta vulneración de derechos constitucionales de la empresa. “La sentencia ha sido ratificada con la diferencia de un voto salvado de una jueza que establece la imprudencia de la acción. No le toca pagar de forma inmediato al Municipio alrededor de USD 14 millones con interés y todo sino que la discusión del monto tiene que ir al Contencioso Administrativo, aunque no se establece de qué entidad y de qué provincia. Esperamos que sea en Loja para apoyar a la entidad en todo lo que sea posible”.

Agregó que, “tiene 30 días hábiles para presentar el siguiente recurso por parte de la Municipalidad, esto debido a que los abogados ya no podemos presentarnos como amicus curiae”.

El jurista Patricio Valdivieso Espinosa afirmó que en este falló rescata algunas cosas; actualmente ya no se habla de los USD 14 millones, sino del problema que dejó el exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, cuando se dio de baja alrededor de 53.000 multas, incluso de algunas que tenían sentencia. Actualmente hay expresiones que solo serían USD 1’603.000, pero como esa cantidad de recursos fue observado por Contraloría, lo máximo que le tocaría de acuerdo al contrato el USD 40% a Safety Enforcement”. 

Desde el Municipio de Loja se señaló que, una vez conocida esta sentencia de segunda instancia, lo que se hará es solicitar una aclaración y ampliación del fallo, luego interpondrán una acción extraordinaria de protección porque consideramos que la sentencia no tiene la motivación suficiente que exige la actual Corte Constitucional.

Empresa

La empresa Safety Enforcement a través de un comunicado señala que la sentencia a su favor “establece la existencia de violación del derecho constitucional a la seguridad jurídica, considerando que de forma abusiva y arbitraria un exalcalde de la ciudad de Loja, quien ni siquiera logró terminar su período, mediante una serie de resoluciones y una ordenanza ilegales, modificó los límites de velocidad, esto lo hizo buscando perjudicar a nuestra empresa. Cabe señalar que esas acciones ilegales fueron declaradas nulas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Loja. De igual forma, se declara la violación del derecho a ejercer una actividad económica en nuestra contra, por cuanto el mismo exalcalde, impidió que nuestro trabajo se cumpla en forma plena. Por estas razones, la empresa tiene derecho a una reparación económica que se debe calcular ante el Tribunal Contencioso Administrativo; y, una vez que la indemnización se haya determinado y se cumpla a su favor, estarán vigilantes que el juicio de repetición en contra del exfuncionario se cumpla en forma efectiva”.(I).

Dato

Las sentencias constitucionales tienen un principio fundamental, son de cumplimiento obligatorio.