El litigio entre el Municipio de Loja y la empresa Safety, contratada en 2015 para ejercer el control de velocidad en la ciudad, continúa y está en procesos horizontales de revisión de las pericias realizadas para fijar el monto de la indemnización que sería superior a la establecida por la Contraloría General del Estado, a través de una auditoría realizada en 2017.

Luis Alfredo Tapia Montesdeoca, procurador síndico del Municipio, dio a conocer que la sanción ya está en firme, pero que se estarían haciendo uso de los recursos de revisión de las pericias que han definido el monto de la supuesta deuda. “Existió un primer informe pericial y nosotros realizamos observaciones, ya que no se habían tomado en cuenta los pagos parciales del Municipio a la empresa”, detalló el abogado, al tiempo de agregar que la perito tampoco habría tomado en cuenta las sentencias de juez constitucional, dando de baja una ordenanza y suspendiendo el control de velocidad hasta que se apruebe una nueva normativa cantonal. “La sentencia nos prohibió el control y por lo tanto no se podía multar, cobrar ni transferir a Safety ningún recurso económico”.

En 2019, tres estudiantes de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja, recurrieron hasta la Defensoría Pública, para que patrocine una acción de protección ante el municipio por arrogarse funciones que no le corresponde. El recurso fue conocido por Verónica Ruilova Prieto, jueza de la Unidad Judicial de Loja, quien lo aceptó y dispuso: “Por ausencia de la norma se vulnera el derecho y el Municipio no puede cobrar ningún valor por ese concepto. Como es una vulneración inminente cesa hoy (27 de marzo) el cobro. La multa que emitan los fotorradares no será cobrada. El Municipio puede apelar y si no lo hace luego de tres días de notificada la sentencia por escrito queda en firme”, informó el principal de la Defensoría Pública, sobre el fallo de la Jueza.

Actualmente, el procurador municipal, Tapia Montesdeoca, sostiene que se ha provocado una segunda oportunidad de hacer observaciones al informe de la perito, por lo que aspiran a reducir un poco más de indemnización que deberá pagarse a la contratista. “Con las primeras observaciones logramos reducir USD 300.403, pero ahora estamos pidiendo que la perito no pueda mandar a pagar rubros que estaban prohibidos por sentencia constitucional y la sentencia de lo contencioso administrativo que declaró nula una ordenanza”, detalló el funcionario. “Estamos a la espera de que el juez disponga a la perito, nos resuelva todos y cada uno de los puntos que estamos observando”, enfatizó.

Estamos en la etapa de reparación material, señaló el procurador síndico de la municipalidad. “La multa ya está dada, estamos únicamente litigando la reducción de la misma. Así sea un dólar, tenemos que pagar”, precisó; sin embargo, el rubro definido sería USD 11 millones 746 mil.

La empresa Safety alega en su demanda que se habrían reportado multas que el Municipio a procedido a cobrar, pero que la parte proporcional no ha sido transferida a la empresa, como establece el contrato. “Existe un rubro de multas cobradas que no se han transferido, pero necesitamos el detalle de cuáles son porque necesitamos demostrar que pudo haber un presunto delito”, dijo Tapia Montesdeoca.

El funcionario anunció que durante el tiempo que resta para entregar el mandato (el 14 de mayo), dejarán planteando dos acciones legales relacionadas al tema Safety. “Ya tenemos los responsables directos: los funcionarios que retuvieron el dinero; y los indirectos: los concejales que votaron en Cabildo, una resolución autorizando indebidamente la firma del contrato con Safety, y por supuesto el alcalde de ese entonces, todos ellos deben asumir la repetición de esos recursos”, finalizó.