La inseguridad en Ecuador convoca a más voces en la posibilidad de argumentar el análisis que permita viabilizar alternativas de solución, motivando iniciativas desde las fuerzas de seguridad, pero también con la garantía de un marco normativo que respalde el trabajo y el accionar de los miembros de las fuerzas del orden.

El ministro de Gobierno, Henry Eduardo Cucalón Camacho, en una entrevista para la cadena Telemazonas, la mañana del martes 18 de abril, anunció lo que sería “ponerle mano dura” a quienes están generando el caos y la violencia en el país. “La intervención de las Fuerzas Armadas, con uso de armamento letal, a las personas que están aterrorizando al país, creo que es una decisión positiva y esa será nuestra línea de acción; porque, además la nueva misión de esta noble institución será la de acabar con el terror que quieren imponer en Ecuador”, precisó.

Juan Carlos Silverio Palacios, presidente del Colegio de Abogados de Loja, sostuvo que la inseguridad tendría sus orígenes en la inestabilidad política. “Las pandillas están más organizadas, y nosotros desprotegidos”, precisó, al tiempo de informar del apoyo a una iniciativa de marcha ciudadana para llamar la atención de la opinión pública en función de un interés común. “Para ver cómo nos organizamos y qué es lo que proponemos para ayudar a salir de esto”, señaló el dirigente gremial.

Añadió que el problema de las cárceles obedecería a un ambiente mafioso. “En la cárcel tienen internet, teléfonos; tienen todo, es un centro de operaciones”, incluso adicionó que el gremio habría propuesto un sistema para el ingreso en los centros de rehabilitación, socializado incluso en la Asamblea Nacional (AN). “Tuvimos felicitaciones de la AN y hasta recibimos reconocimientos, pero, hasta el momento, no han puesto en práctica”. Agregó que las leyes vigentes no estarían acordes a la realidad que está viviendo el país. “El problema viene desde las personas a quienes elegimos para legislar, porque deben ser gente capacitada y que conozcan la realidad”, pero, además la sociedad civil tendría que organizarse con propuestas que surjan de la realidad. “Estamos retrasados en relación a las leyes que deben sancionar a los delincuentes, ya que en muchos de los casos ellos se burlan de todos, porque los policías tienen miedo a reaccionar por temor a ser sancionados”, comentó.

La inseguridad para Alex Ricardo Valarezo Veintimilla, abogado en libre ejercicio profesional, se debería a tres factores definidos, como la crisis económica, de seguridad jurídica y falta de decisión política. “Somos conscientes de que somos un país de tránsito, que existe una fragilidad en el sistema de gobierno central y una carencia de políticas de prevención”, cuyos efectos, ligados a la falta de recursos públicos a la provincia de Loja, darían como resultado el clima de violencia e inseguridad.

Añadió que el incremento de casos de sicariato en la urbe lojana deviene del traslado de delincuentes de otras ciudades, a una infraestructura limitada, pero que, además dichas decisiones permiten la migración de sus actividades delictivas. “Las personas que vienen de otras ciudades, coadyuvan en cierta forma a que se fomente la delincuencia a nivel local”, insistiendo el la debilidad del Gobierno para actuar con mayor firmeza.

El jurisconsulto lojano precisó sobre lo que a su juicio serían las acciones adecuadas para salir de la crisis en Ecuador. “Necesitamos una fuerza política con poder de decisión, políticas públicas de prevención, fomentar la seguridad comunitaria, educación a la ciudadanía; incluso por el porte de armas”, detalló a tiempo de remarcar en la necesidad de actuar con una visión jurídica, social y criminológica, concluyó. (I)