Un abogado lojano con experiencia política dio a conocer que los militares no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria en los excesos que puedan darse en el combate al crimen organizado en Ecuador.

Luego de que el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, firmara el decreto 730, en el que faculta a las Fuerzas Armadas (FF. AA.), “ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional, para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas”, Diario Crónica conversó con el abogado en libre ejercicio profesional y de gran trayectoria política, Iván Roldán Rogel, quien dio a conocer la necesidad de establecer un organismo especial para juzgar posibles excesos de los militares.

Indemnizaciones por abatimientos

El jurisconsulto lojano estableció como antecedente la Ley del uso progresivo de la fuerza aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de 2022; así como también las reformas en casos de violencia en contra de la mujer y mayor castigo para casos de extorsión y secuestro exprés. “El problema está en las acciones de los miembros de las FF. AA., que tengan que ser juzgadas por la justicia común, donde tengamos que asumir procesos indemnizatorios”, precisó, aduciendo prohibiciones constitucionales relacionadas a torturas y pena de muerte. “Nos vamos a encontrar que posteriormente el Estado ecuatoriano tendría que indemnizar a los abatidos en el cometimiento de un ilícito”, lo que conllevaría a la creación de un fondo económico para el combate al crimen organizado, manifestó.

Jueces comprometidos con la delincuencia

Comentó que se debería establecer una estructura jurídica diferente para los procesos de juzgamiento a militares, ya que la justicia ordinaria estaría contaminada por el narcotráfico y crimen organizado. “Ya estamos viendo el tráfico de influencias, el prevaricato, la participación de jueces en las bandas delictivas; entonces estamos en manos de administradores de justicia que son juez y parte, en la justicia ordinaria de la delincuencia organizada, en contra de los uniformados que, en el ejercicio legítimo de su defensa, se pondría en grave riesgo un juzgamiento imparcial”, explicó.

Jueces y fiscales sin rostro

A criterio del doctor en jurisprudencia, sería adecuada la conformación de un tribunal penal militar que juzgue las acciones de los miembros de las FF. AA. en el abatimiento de narcoterroristas; sin embargo, la Constitución vigente sería el principal impedimento debido a las prohibiciones de enjuiciamiento por organismos ajenos a los establecidos como la Corte Nacional o la Fiscalía. “El Consejo de la Judicatura, en la estructura jurídica actual, sí puede establecer una normativa administrativa para crear jueces y fiscales “sin rostro”, por un periodo transitorio de dos o tres años, para que puedan sancionar las acciones delictivas de las bandas; de lo contrario será muy difícil combatir la delincuencia organizada”, detalló.

Llamado al gobernador

Declaró también que el temor e incertidumbre se estaría apoderando de la ciudadanía, ya que el sector comercial estaría cerrando sus locales a tempranas horas de la tarde y pasadas las 09h00 de la mañana. “Lo más grave es que incluso el mismo gobernador de la provincia, Fredy Bravo Bravo, convoca a moradores de los barrios para organizarse y hacer justicia por mano propia, a través de linchamientos, quema de bines o palizas, en lugar de fomentar el cumplimiento de la Ley”, e insistió en que la ley del Talión no puede ser una alternativa para enfrentar el problema de inseguridad. “El gobernador debe buscar mecanismos jurídicos para prevenir el delito y sancionar al delincuente, pero dentro del marco legal”, finalizó. (I)