Antonio C. Maldonado V.
Las costosas y enmarañadas elecciones que se llevaran a efecto el 20 de agosto del año en curso, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó a los candidatos —porque no se trata en la actualidad de partidos y movimientos políticos— iniciar la campaña electoral, aunque tropieza en la formulación de papeletas que en algunos casos no pueden imprimirlas porque el Tribunal Contencioso Electoral no resuelve las apelaciones puestas a su consideración; dura tarea para los candidatos que en tan corto tiempo dificulta cubrir el territorio nacional para que obtengan los resultados esperados, esta situación salta a la vista porque ha obligado, como nunca, a que el CNE tenga que hacer propaganda de diversa índole en la pantalla chica bajo el lema que se debe mantener incólume la democracia en el país y no se produzca mayor ausentismo que el tradicional, sancionando económicamente a quienes están obligados a sufragar y las pertinentes indicaciones virtuales para que los electores sepan que dignatarios se van a elegir concurriendo a los locales que se les ha asignado, igual situación corren los integrantes de las mesas electorales cuando no asisten a tiempo para que se inicie la recepción de votos.
Como nuestro país es uno de los pocos que a nivel mundial obliga a la ciudadanía a concurrir a las urnas con las sanciones respectivas a los infractores ya que en la mayoría la votación es voluntaria, inclusive digital como se llevará a efecto con nuestros compatriotas en el exterior.
Las próximas elecciones, posiblemente por las circunstancias delictivas y otras más como son los embates de la naturaleza a nivel local y mundial determinan que las programaciones normales de la televisión se suspendan para que esos espacios sean ocupados para entrevistas, por turno, por los aspirantes a la Presidencia de la República como acontece con el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil de cobertura nacional y la asistencia al auditorio de la sala magna de la institución de algunos partidarios, ciudadanos y estudiantes que tienen interés en conocer los planteamientos y la solución que ofrecen los candidatos y a la vez formulándoles preguntas por medio de la entrevistadora, a los aspirantes a la Presidencia prácticamente se los obliga a ocupar esos locales y medios de comunicación no se sabe si a costa del entrevistado o patrióticamente en defensa del sistema democrático imperante y además para no poner en riesgo su existencia ya que como diariamente se difunde los candidatos corren en el peligro de perder su vida acuciados por la delincuencia que en muchos lugares del país se está llevando a efecto sea por sicarios o venganzas personales.
Los candidatos que constan en un voluminoso pliego de diversas papeletas saben por experiencia que para afrontar en tiempo normal la campaña electoral se requiere el patrocinio de alguna organización política que para estas sui generis elecciones les “alquilan temporal y democráticamente”, mucho dinero, ya sea de su propio bolsillo o de algún organismo público o privado, lo que tiene que recuperarse en muchas formas, si es de su propio peculio para hacer realidad su sueño de mando u obtener privilegios tributarios como ha sucedido en el pasado y los otros tienen que devolver a sus patrocinadores mediante legislación adecuada que les retribuya la inversión.
Mientras las Funciones y Organismos del Estado continúan en sus diarias denuncias para juzgamientos a servidores públicos del pasado que presumen el cometimiento de graves delitos de peculado el planeta está sufriendo el castigo de la naturaleza que constituye el mayor obstáculo para los aspirantes a las dignidades prácticamente inmovilizados.