César Eduardo Briceño Toledo
Los diferentes gobiernos de los últimos años, pretendiendo justificar la gobernabilidad del país, han echado mano de los estados de excepción, referendos y consultas populares; que no han respondido a las expectativas populares con cambio estructurales que beneficien al país. Lamentablemente, fueron decididos para apaciguar a la colectividad momentáneamente en hechos de poca trascendencia, a destiempo o para medir la popularidad del mandatario.
Existe una evidente diferencia entre el fracaso de la ultima consulta del señor Guillermo Lasso, que tuvo el 13% de aceptación popular, y la del señor Daniel Noboa, que mantiene el 80% de credibilidad colectiva, y que avizora podría ganar ampliamente la consulta popular y el referendo que propone reformas a la constitución; inicialmente el presidente remitió 20 preguntas y fueron aprobadas por la corte constitucional, 11, previstos para el 21 de abril del 2024 la convocatoria, que definitivamente no convencen a la opinión pública, porque la mayoría de ellas competen a la contraloría, corte nacional de justicia, procuraduría y del COIP; sobre todo, que pudieron ser abordados por la misma asamblea nacional; cuya mayoría lejos de preocuparse por resolver los acuciantes problemas de la nación, continúan persistiendo en poner la zancadilla mediante el maridaje político entre la revolución ciudadana, social cristianos y ADN; para conseguir la impunida de los delitos de lesa humanidad perpetrados por ciudadanos deshonestos del país. Pero es obvio que los poderes facticos impiden los cambios orgánicos que demanda el país, por el contrario, indecorosamente manipulan para que, cada cierto tiempo les favorezca la remisión de intereses y se conviertan en morosos consuetudinarios; pero también es debido, a las intenciones del actual gobierno por continuar cuatro años más.
De desear habría sido que en esta consulta popular, cuyo costo bordea los USD 60 millones, hubieran constado preguntas que el mandatario sí conoce, que son apremiantes para los ecuatorianos, como disminuir el número de asambleístas improductivos, que en el 2025 sería 156, que a través de las mayorías móviles conspiran a tiempo completo para desestabilizar al gobierno; focalizar el subsidio de los combustibles; reformas al IESS para garantizar su supervivencia; homologación salarial para el sector público incluido a los asambleístas; eliminar sueldos vitalicios a lo exmandatarios; mejorar la economía del país disminuyendo los déficit fiscales, que la dolarización nos ofreció cuando se creó en su momento; incautar los bienes a los involucrados en corrupción que no podrán ejercer cargos públicos; quitar el aporte del estado a los partidos políticos (reformas al código de la democracia); soberanía marítima y las reformas políticas que clama el país. Desde los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa; casi tendríamos elecciones cada año. Es el colmo para un país pequeño, desintegrado y empobrecido, estar en comicios permanentes. Si los buenos somos más es hora que paremos estos desquicios de los politiqueros que asolan al país.
Loja, 27 de febrero de 2024