César Eduardo BRICEÑO TOLEDO
cbricenot@hotmail.com
En la Asamblea, actualmente, están discutiendo como sancionar la inusual costumbre del cambio de partidos políticos; propiciados precisamente, por quienes debieron mantener incólumes sus principios ideológicos, que lamentablemente no ocurrió así; porque desde que se expidió la Ley de Partidos Políticos en 1978, sus actores fueron los primeros en violarla por afanes de liderazgo, que acarreó la división múltiple de estas tiendas políticas.
De este quiebre ideológico se aprovecharon los caciques o dueños de los partidos políticos para promover candidaturas que nos han llenado de vergüenza local o nacional, por su incapacidad y falta de ética en el ejercicio de una dignidad popular; que lejos de pensar en el bien común, los hicieron para beneficiarse personalmente o de su grupo, con el criterio falso de una “lealtad” narcisista, para él y no para el pueblo; de tal modo que, estas organizaciones políticas han dejado de ser los pilares fundamentales de la democracia para convertirse en refugio de malandrines de la peor especie, vinculados con la narco política que han corroído todos los estamentos del Estado ecuatoriano. Creo que el sumun de esta perversión electoral fue permitir que los supuestos “independientes” sean auspiciados por las agrupaciones políticas; que también fue indecorosamente aprovechado por los políticos licurgos.
Se pretende remediar un problema aislado, porque afecta con estas deserciones a los partidos de la revolución ciudadana y social cristiano. Participación Ciudadana ha insistido en la necesidad de un proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por ser anacrónico. Tenemos 250 organizaciones que compiten en la arena política produciendo dispersión y debilitamiento de la democracia.
Han sugerido por ejemplo: que las reelecciones de los candidatos no sean seguidas sino después de un periodo; que un sujeto revocado no pueda candidatizarse para la misma dignidad u otra, después de dos años de suspensión; que el aspirante tenga un pasado transparente, nunca acciones reñidas con derechos humanos y bienes mal habidos; que los mandatarios defenestrados no perciban remuneración alguna y los que perciban, reciban los salarios comunes de los ecuatorianos en los tiempos establecidos por el IESS; que los partidos políticos no reciban subvenciones del Estado por haber incumplidos con la Ley, más aún, haber obligado a la población para que voten en plancha y no entre listas; que los movimientos y partidos políticos tengan afiliados y no adherentes, unos 40.000, en doce provincias; que voten el 40% de los afiliados debidamente registrados en lo padrones para la elección de las autoridades internas y candidatos de elección popular; se prohíba la reelección por más de dos periodos de los directivos provinciales o nacionales, por lo que no podrán ser elegidos por más de dos años; evitar que las agrupaciones que no han tenido actividad política en los tres años previos a un proceso electoral, no puedan inscribir candidatos; entre otras aspiraciones ciudadanas. En el 2020 se hicieron las últimas enmendaduras que a la postre fueron parciales; bien por la paridad de género. Es hora de que dichas rectificaciones sean abordadas en un amplio contexto democrático, jurídico y penal.
Loja, 7 de mayo de 2024