La fiscal Diana Salazar denunció el 11 de julio la filtración de información sobre su embarazo y anunció que tomará medidas legales. Salazar, quien se destaca por su alta exposición pública y mediática, subrayó que su vida personal es privada.

En un comunicado en su cuenta de la red social X, Salazar indicó que la filtración fue realizada «por una mujer» y citó artículos legales que penalizan la divulgación de información privada, violando sus derechos «como ciudadana y como mujer embarazada a la privacidad y confidencialidad». En un mensaje contundente, afirmó que no tolerará más «infamias de los mentirosos de siempre», aunque no especificó a quiénes se refería. Retó a sus detractores a proponer tres médicos para certificar que su embarazo es real.

Salazar enfatizó que, a pesar de su alto perfil público, su vida personal, incluida la privacidad de su familia y la seguridad de su embarazo, no es asunto de nadie más. «La vida que crece dentro de mí, la privacidad de nuestra familia y nuestra seguridad no son cuestiones que le atañen a nadie más que a nosotros como familia», afirmó.

El comunicado de Salazar se dio a conocer después de que el expresidente Rafael Correa comentara sobre su embarazo, cuestionando por qué no solicitó licencia si era de alto riesgo. También, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón, solicitó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que se dé seguimiento a la solicitud de juicio político, suspendido por el embarazo de Salazar. Garzón aclaró que nunca ha solicitado información sobre el estado de salud de Salazar y subrayó que lo íntimo no es competencia de los funcionarios.