En los últimos años nuestro país ha atravesado momentos muy graves en los cuales los hechos de corrupción han sido los protagonistas. Tal ha sido el caso de los escándalos de corrupción que han afectado gravemente a sectores de la salud, educación, seguridad social, defensa y seguridad nacional, el sistema financiero, la judicatura, entre muchos otros más.

Desde hace muchos años la criminalidad vinculada al narcotráfico y el contrabando han permitido que en distintos lugares del país persistan entornos favorables a economías criminales que encuentran en la corrupción un vehículo de operación muy rentable. El 2017 fue un año de hitos dramáticos de escándalos de corrupción: desde la grave afectación que generó a instancias judiciales precisamente responsables de investigarla y sancionarla, hasta la intensificación del abuso de los recursos destinados a la alimentación escolar en distintos lugares del país. La corrupción (virus social), cuánto mal le hace a nuestros pueblos y a las democracias de nuestras sociedades, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la pacha mama (madre tierra) los más perjudicados. Para luchar contra ella es necesario en primer lugar, que la lucha contra la corrupción logre un vínculo más directo y efectivo con la sociedad de manera mucho más amplia. La actual ola de indignación social frente a la corrupción puede ser una oportunidad para generar este quiebre. No solo es necesario reconocer que la corrupción es un problema de todos, que es necesario revisar nuestro comportamiento individual además de cuestionar a los demás, también se requiere pasar de la indignación a la acción. Las personas contamos ya con herramientas a nuestra disposición: el voto, el control social a la gestión de lo público, la denuncia, y el rechazo a cualquier forma de corrupción. Las dos primeras contribuyen enormemente a prevenir y atacar la corrupción enquistada en la institucionalidad pública y privada, mientras que las otras dos pueden ser aplicadas en cualquier rol que desempeñemos en nuestros ámbitos sociales, económicos y laborales. Debemos proteger a nuestras instituciones democráticas pues ellas son la base de la garantía del bienestar social y económico, del respeto de los derechos humanos, y del desarrollo sostenible. Esa protección se traduce en la defensa de lo público que implica cuestionar a las personas, pero, ante todo, fortalecer las instituciones. La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos. Trabajar unidos para defender la fe y esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vita. Se debería de hacer un fuerte llamado de atención a políticos y autoridades que gobiernan nuestro país para promover las reformas más urgentes, adoptarlas e implementarlas. En síntesis, la corrupción es un problema presente en las diferentes economías del mundo, pero se hace especialmente sensible en los países en vías de desarrollo que están más propensos a estar afectos a los impactos que la misma pueda tener sobre su economía. A nivel mundial se generan miles de dólares en pérdidas por los actos de corrupción cometidos, siendo los más pobres los más vulnerables, impactando de esta manera en su calidad de vida, por lo que es de suma importancia la creación de políticas que ayuden a contraerlo, a efectos de la medición del impacto que pudieran generar en la economía.