Rafael Riofrío
En el Ecuador, el poder político siempre ha estado subordinado a los intereses de los grupos económicos criollos y extranjeros que trascienden a los gobiernos electos. Aunque el voto popular elige a los presidentes, es evidente que quienes realmente controlan las decisiones estratégicas son las élites económicas y los sectores empresariales que financian y respaldan las campañas electorales.
Este fenómeno propio del sistema capitalista no solo distorsiona la democracia, sino que también eterniza un sistema que prioriza los intereses privados sobre los públicos. Las leyes, políticas y decisiones estatales a menudo están diseñadas para beneficiar a estos grupos en lugar de responder a las necesidades de los sectores populares, que cada 4 años se ilusionan con un cambio que mejore sus condiciones de vida.
La derecha, tradicionalmente respaldada por los sectores empresariales, ha dominado el escenario gubernamental en gran parte de la historia ecuatoriana. Al perpetuar modelos económicos extractivistas y leyes que privilegian el libre mercado, ha logrado mantener un statu quo favorable para los intereses de las clases dominantes. Sin embargo, producto de la corrupción e impunidad, esta orientación ha dejado de lado problemas estructurales como la inseguridad, la desigualdad, el desempleo y el acceso limitado a derechos básicos como salud, educación y vivienda. Continuar votando por los poderes económicos implica reforzar un modelo que, aunque prometan estabilidad macroeconómica, perpetúa la inequidad social y la exclusión de las grandes mayorías.
Por otro lado, los candidatos de los sectores populares o de izquierda presentan una alternativa enfocada en redistribuir los recursos, fortalecer los servicios públicos y dar voz a los sectores históricamente marginados. La izquierda promueve la justicia e igualdad social y económica, buscando reducir desigualdades a través de políticas redistributivas y la priorización de los derechos sociales. Pero, estos proyectos enfrentan enormes obstáculos. Internamente, deben superar la resistencia de la plutocracia y los medios de comunicación afines a la burguesía, mientras que externamente, enfrentan presiones de organismos internacionales y mercados financieros que condicionan a los gobiernos progresistas.
El futuro del Ecuador no depende solo de las urnas, sino de la determinación de su pueblo para impulsar un cambio real, sostenible y comprometido con el bienestar colectivo y el desarrollo del país. Sin embargo, este éxito dependerá más de la capacidad de movilización ciudadana y del fortalecimiento de las organizaciones sociales dispuestas a respaldar estas transformaciones.