La aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) fue decisiva para el mejoramiento del sistema educativo. Sin embargo, aparte de que son necesarias ciertas reformas, es urgente atender dos aspectos fundamentales e imprescindibles para dejar un mejor país a las nuevas generaciones. En primer lugar, destinar el 6% del PIB a la educación. En segundo lugar, implementar políticas educativas de mediano y largo plazo que trasciendan los intereses partidistas y a los gobiernos de turno.

Necesitamos un Ecuador donde la educación ocupe un lugar central en las prioridades sociales y se convierte en el pilar del desarrollo nacional. Un sistema educativo que brinde a los jóvenes los conocimientos, valores y habilidades necesarias para continuar sus estudios universitarios; luego puedan acceder a un empleo digno y los capacite para participar activamente en la solución de los problemas sociopolíticos y económicos que aquejan al país.

El Ministerio de Educación debe planificar conjuntamente con los ministerios de salud e inclusión económica y social, para garantizar los derechos y proteger a la niñez y juventud de las bandas delincuenciales; y, para que las familias no sufran por falta de cupos ni les asignen escuelas por descarte, e incluso se vean obligadas a optar por la educación privada.

La lectura de las ideas de intelectuales como Eugenio Espejo, Juan Montalvo, Matilde Hidalgo, Rita Lecumberri, Benjamín Carrión, Emilio Uzcátegui, entre otros, nos recuerdan que la educación históricamente ha sido motor de progreso. En este sentido, es válido recordar que, durante la revolución alfarista, la educación se transformó en política de Estado, ideal que debe ser revitalizado, para que todas las instituciones educativas garanticen calidad e igualdad de oportunidades.

La LOEI, fruto de un amplio respaldo social, enfrentó durante los gobiernos de Correa, Moreno, Lasso y Noboa, varias demandas de inconstitucionalidad, argumentando falta de recursos para la equiparación salarial. No obstante, la resistencia del magisterio unionista, mediante huelgas de hambre y movilizaciones, evitó su derogación; hoy con ese mismo coraje ratifican la defensa de la LOEI y exigen al presidente Noboa que emita un reglamento que respete la Constitución y la ley, que asegure calidad educativa y derechos para estudiantes, familias y profesores, como base para un sistema educativo más justo y equitativo.