César Augusto Correa J.
La Constitución de 2008 introdujo en la legislación ecuatoriana numerosas disposiciones válidas para mejorar las condiciones de trabajo de los habitantes del país y para construir un Estado más vigoroso. Históricamente hablando, se trata de la Carta Magna más democrática que ha tenido el Ecuador. Su aplicación desde 2008 hasta 2016, conjuntamente con otras ventajas coyunturales que se le presentaron a Rafael Correa, se consiguió el respeto a las normas del Derecho Social como nunca antes se había vivido en nuestro país y todas las decisiones presidenciales priorizaron los intereses del Estado, cuyo patrimonio creció por lo menos en 100.000 millones de dólares.
El mantenimiento de tantas obras requiere de varios miles de millones de dólares cada año, que han estado disponibles hasta hoy, gracias al buen precio del barril de petróleo. Si no se ha efectuado el debido mantenimiento de los bienes públicos en los últimos 8 años no es por carencia de recursos económicos, sino por la falta de voluntad política.
Por otro lado, los bienes públicos, a pesar de su deficiente administración, arrojan miles de millones de dólares de ganancia anualmente, con los que se puede cubrir los costos de su mantenimiento y dejar saldos importantes para hacer más obras. Esto no es para nada motivo de alegría para los poseedores de los capitales más grandes, que frontalmente manifiestan su malestar, repitiendo a cada rato que tenemos un Estado obeso, cuyo tamaño debe ser reducido.
Para la plutocracia no es saludable que el Estado tenga tanto dinero invertido en empresas públicas, en beneficio de la población de bajos recursos económicos, cuando todo ese dinero se lo puede transferir a las cuentas bancarias de los más ricos, para que las empresas privadas tengan garantizados altos réditos y sus dueños puedan financiar nuevas empresas. En consecuencia, se debe derogar la Constitución de 2008 para reemplazarla por otra que permita despojarlo al Estado de sus bienes y transformar los servicios públicos en negocios privados. Por ejemplo, al presidente de la República hay que quitarle la administración de los 10.000 millones de dólares que recauda anualmente el IESS, para que sean los bancos privados los que manejen esa hermosa suma.
Si se observan correctamente las disposiciones de la Constitución puede conformarse una Asamblea Constituyente que no sirva para despojar al Estado de sus empresas más grandes, por lo tanto la extrema derecha se está pronunciando en contra de dicha Asamblea Constituyente y está aconsejando un procedimiento inconstitucional, mediante el cual el presidente pueda designar a su gusto los «asambleístas» que se encarguen de redactar una nueva Constitución, que lógicamente lo dejará al Estado sin recursos y desprotegidos a los trabajadores.
Estimo que ante esa perspectiva los sectores progresistas deben optar por defender la Constitución de 2008 y hacer campaña por el NO en el caso de una consulta popular para facultarle al presidente a designar el cuerpo de redactores de una nueva Carta Magna.