Jeamil Burneo
En la planificación territorial no todo es público, ni todo puede descansar en las espaldas del aparato estatal. Vivimos en una era donde la emergencia climática, el crecimiento desordenado y la tensión entre el desarrollo económico y el bienestar social exigen una visión integral del territorio. Pero esa visión no se construye en los escritorios de los técnicos ni en los salones del poder político únicamente: necesita nacer del diálogo profundo con las comunidades, de una ciudadanía activa que entiende que el territorio también le pertenece y que sus decisiones, o su silencio, modelan su futuro.
La planificación territorial, como ejercicio estratégico, no puede reducirse a documentos técnicos ni a marcos normativos que solo unos pocos comprenden. Es, ante todo, una herramienta ética de organización colectiva. Tiene por objeto armonizar las aspiraciones sociales, las necesidades ambientales, los requerimientos económicos y las dinámicas culturales que se dan en un espacio compartido. Sin embargo, cuando la ciudadanía se ubica en una posición pasiva, esperando que las instituciones públicas “resuelvan”, se desdibuja la posibilidad de gobernar desde lo colectivo. En Ecuador, como en muchos países latinoamericanos, se ha confundido el ejercicio de la democracia con la delegación total del pensamiento crítico y de la acción ciudadana.
El cambio climático ha puesto en evidencia las fragilidades de nuestros sistemas institucionales. Las lluvias, inundaciones y sequías, que ya no son hechos aislados sino patrones recurrentes, dejan al descubierto la ausencia de sistemas preventivos eficaces y, sobre todo, la desconexión entre los instrumentos de planificación y la vida cotidiana de los ciudadanos. Las ciudades siguen creciendo bajo lógicas fragmentadas, desarticuladas de los planes de desarrollo o del ordenamiento territorial. Peor aún, muchos de estos planes son construidos sin participación real, terminando en archivos olvidados, desactualizados o simplemente desestimados por las administraciones de turno.
La Constitución del Ecuador es clara. La planificación territorial es una obligación de todos los niveles de gobierno (art. 241), y la participación ciudadana es un derecho fundamental que se ejerce mediante mecanismos democráticos representativos, directos y comunitarios (art. 100). Pero esta letra constitucional no cobra vida si la ciudadanía no asume su rol. Los consejos cantonales de planificación, las audiencias públicas, las veedurías, los cabildos abiertos y la silla vacía no son ornamentos: son herramientas que deben ser ocupadas con sentido crítico y compromiso.
No se trata aquí de privatizar la gestión territorial, ni de restarle importancia a lo público. Por el contrario, se trata de reconocer que lo público también es comunitario. Los gremios, las asociaciones barriales, los colectivos de jóvenes, las mujeres rurales, los pueblos y nacionalidades, los vecinos organizados: todos ellos conforman el tejido que puede y debe incidir en las decisiones sobre el presente y el futuro del territorio. El artículo 248 reconoce explícitamente a estas unidades como espacios fundamentales para la participación.
Además, los instrumentos de planificación —como el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS)— requieren del conocimiento vivo de los habitantes para ser efectivos. No se puede proyectar una red vial sin conocer la movilidad cotidiana de las personas; no se puede clasificar suelo sin comprender los modos de vida, las vocaciones productivas o las dinámicas culturales de una zona; no se puede planificar el crecimiento urbano sin garantizar equipamientos comunitarios, servicios básicos y espacios públicos adecuados. Todo esto demanda una ciudadanía no solo informada, sino propositiva.
La planificación, por tanto, debe ser técnica, sí, pero profundamente incluyente. Es indispensable contar con estudios actualizados, rigurosos, proyectados a 12, 20 o más años, como manda el reglamento de la LOOTUGS. Sin embargo, estos estudios solo cobran valor si reflejan las aspiraciones colectivas y no las prioridades circunstanciales del poder. Cuando el enfoque técnico se divorcia de la visión política y comunitaria, se convierte en letra muerta. En cambio, cuando se articulan, se genera una sinergia capaz de movilizar inversiones públicas y privadas, asegurar derechos, prevenir riesgos y proyectar ciudades resilientes, sostenibles y equitativas.
Ejemplos esperanzadores ya se asoman en el panorama ecuatoriano en las ciudades intermedias, Machala y Portoviejo, por ejemplo, están apostando por la creación de zonas especiales de desarrollo económico, combinando parques industriales, hubs logísticos y zonas francas con proyectos urbanos de vivienda, recreación e infraestructura. Estas apuestas demuestran que es posible alinear el interés privado con objetivos de desarrollo local cuando existe visión estratégica y apertura a la colaboración.
Pero esta colaboración debe estar mediada por principios de equidad. La LOOTUGS establece mecanismos de distribución equitativa de cargas y beneficios, regulación del mercado del suelo, gestión de asentamientos informales, entre otros. Todo esto solo puede implementarse con una ciudadanía que conoce sus derechos y deberes, y que participa activamente en la fiscalización y construcción de su ciudad.
El desafío de fondo, entonces, es construir una cultura ciudadana del territorio. Esto implica promover la educación cívica y territorial desde las escuelas, fortalecer los espacios de participación con metodologías claras y accesibles, garantizar la transparencia de los procesos técnicos, y —sobre todo— dignificar el rol de las comunidades como co-planificadoras de su propio hábitat.
En un mundo cada vez más incierto, planificar el territorio no puede ser un ejercicio tecnocrático ni un mandato vertical. Debe ser una práctica ética, colectiva, consciente y transformadora. La ciudadanía no puede ser un espectador de su ciudad, sino un actor con voz y voto en su construcción.