Ante la propuesta de Niels Olsen, presidente de la Asamblea; RC, PSC y ADN decidieron plegar por la desvinculación de 40 funcionarios, por nepotismo, que suponemos que son mucho más; de acuerdo al Reglamento del CAL, que se conocía a soto voce, era una vieja práctica de corrupción parlamentaria.
En la Constitución vigente, Art.127, numeral 3; señala “…que los asambleístas no podrán gestionar cargos públicos…quienes incumplan con esta prohibición, perderían la calidad de asambleístas… Además en el art. 163 de la función legislativa, también lo sanciona; a pesar de que en esa misma ley, permite este derecho a los legisladores, para que designen al personal de 4 funcionarios: 2 asesores y 2 de administración. Omite el eufemismo, de que no se designen a familiares y parientes, hasta el 4to grado de consanguinidad y 2do. de afinidad; algo parecido de lo que ocurre, en los municipios y gobiernos provinciales.
En el Art. 3 de la LOSEP, prescribe la prohibición del nepotismo, que se lo vulnera flagrantemente; pero que, con una ley interpretativa se faculta al parlamento para que, pueda auto regularse en recursos humanos, en febrero del 2002; tal y conforme también, se lo hace en materia del presupuesto. Debe intervenir la Contraloría General del Estado, como Órgano de Control; que puede actuar de oficio, por denuncia de algún legislador o ciudadano común, aunque los legisladores no pueden ser juez y parte; por cuanto, se emplean indebidamente los recursos del Estado, mediante la contratación de personal fuera de la ley y porque se trata de un delito de acción pública. Asimismo, el COIP, art. 285, establece sanciones severas por el tráfico de influencias, que se pueden originar.
Es muy curioso que, que se oculte la información del personal desvinculado y de los asambleístas corrompidos; a pesar de que, seguro constan en la página web institucional, las contrataciones y remuneraciones, de los individuos infractores. Que tal, si con el mismo guante, les aplicamos a todas las instituciones del Estado o en aquellas que reciben ayudas económicas de los ecuatorianos; en las cuales, hay mucha tela que cortar y que se hacen de la vista gorda las autoridades.
