Juan Pablo Samaniego Valle
La promoción de la ética en el servicio público está estrechamente vinculada con la transparencia, la cual actúa como elemento revelador del buen funcionamiento del estado, promoviendo el comportamiento responsable de los servidores públicos. El gobierno, que quiera ser considerado como justo debe tener individuos íntegros, y es justamente aquí donde entra la ética al tener en sus manos la selección y formación de servidores públicos que actúen con responsabilidad y eficiencia.
El estado ecuatoriano debe preocuparse por orientar y vigilar el comportamiento de los miembros que lo integran, es decir, gobernantes y gobernados, educando a la ciudadanía, ordenándola, organizándola, conservando su cultura, su identidad y su libertad. La excelencia en la gestión de los intereses colectivos no se puede alcanzar sin educar a los servidores públicos en sólidos criterios de conducta ética. Por lo tanto, el comportamiento correcto de estos es una condición sine qua non para una buena administración y este comportamiento adecuado lo muestra la ética.
De esta forma, la ética en la función pública es la ciencia y arte del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía, es además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. Por esto, es un factor clave para elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos.
No obstante, hay que vencer la crisis moral existente y propiciar el surgimiento de las virtudes en las personas, en especial en quienes están al frente de las funciones públicas. Se debe educar en la honradez y en la probidad a todos los ciudadanos y, en especial, a los que operan en el ámbito público, a fin de lograr una mayor eficiencia en las operaciones de la función pública. Así se podrá obtener la reivindicación de la imagen de los gobernantes, los funcionarios, los legisladores, los jueces, y de todos aquellos que forman parte del ámbito de acción del servicio público. Al mismo tiempo se devolverá confianza a los ciudadanos, de tal modo que éstos puedan confiar en las instituciones.
De ahí que, la aplicación de la ética en el servicio público se traduce en transparencia, responsabilidad, espíritu de servicio, calidad del servicio, satisfacción y mejora de la vida de los ciudadanos. Por eso, más allá de los códigos éticos que guían las instancias estatales, depende de cada funcionario público vivir moralmente a nivel individual.
Por otra parte, la administración pública es responsable de los servicios que brinda, para lo cual debe tener en cuenta principios como la continuidad, suficiencia, rapidez, seguridad, economía, calidad, innovación, eficiencia, con el objeto de hacer de los servicios públicos instrumentos satisfactores de la sociedad. Por tanto, un buen desempeño en la prestación del servicio público, con calidad, eficiencia, eficacia y efectividad, ayudará a recuperar la credibilidad y el reconocimiento perdidos por parte de la ciudadanía. Cada servicio público es llevado a cabo a través del servidor público, elemento humano fundamental para el buen manejo y funcionamiento de las instituciones.
Sin duda alguna, al observar las actitudes de los servidores públicos hay que recordarles que «[…] están para servir y no para servirse de la comunidad. Por lo tanto, la ética es un factor clave para elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos».
En otras palabras, es necesario fomentar una educación de la ética pública que promueva los valores del servicio público, la legislación pertinente, normas, códigos y mecanismos de exigibilidad, programas continuos que creen sensibilidad hacia las cuestiones éticas y técnicas para aplicar juicios éticos, porque un servidor público satisfecho, competente y debidamente formado es más seguro a la hora de resistir la corrupción, la conducta indebida y los arreglos.
Por consiguiente, ya no es suficiente que las personas que trabajan en el servicio público se limiten al cumplimiento formal de sus obligaciones y deberes, sino que es necesario que por parte de las administraciones públicas se fomente positivamente aquellos valores, modelos o pautas de conducta que ayuden a aquellos que trabajan al servicio de los intereses generales como referentes éticos para su superación personal y profesional. Hay que expandir la ética pública a todos los niveles y ámbitos del gobierno, provocando la participación del sector social o sea de la ciudadanía, para lograr un mejor control de la conducta de los servidores públicos, combatir los contravalores y reinstalar a la ética pública en el lugar que le corresponde dentro del ámbito de la administración pública.
El servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta que ha sido creada y controlada para asegurar de una manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público. Desde esta perspectiva, el servidor público es aquella persona que presta sus servicios al estado o a la administración pública, desempeña una función de servicio por lo que es necesario exigirle el estricto cumplimiento de sus obligaciones, así como el respeto a los derechos e intereses de los gobernados.
Desde este modo, asumir un cargo público implica tener vocación y compromiso por los asuntos colectivos, así como responsabilidad para con la comunidad; de hecho, es importante que el servidor público cuente con personalidad autónoma y principios sólidos que le impidan realizar actos indebidos o ceder a propuestas reprobables. Así, desde una perspectiva más general, cuando se ingresa en la administración pública, existen diversos problemas morales con los que tienen que enfrentarse los funcionarios públicos en su quehacer cotidiano tales como: la dificultad de tener que atender al mismo tiempo los requerimientos del gobierno y de los ciudadanos; distinguir entre lo discrecional y lo arbitrario; la tentación de utilizar el cargo en función de los beneficios propios; la asimetría entre la administración y el ciudadano; el exceso de burocratización y la falta de transparencia, entre otros.
Ahora bien, prestar un servicio implica dos requisitos, compromiso con el trabajo y respeto por la persona a quien se sirve. Si el servicio se dirige a la ciudadanía, el compromiso es aún mayor y lo es más si es público y si proviene del estado. Esa es la razón por la que a las personas que trabajan en la administración pública se las llama «servidores públicos», cuya función es la de ayudar a resolver conflictos comunes y a satisfacer las necesidades de la comunidad pensando en el logro de un bien común.
Una manera práctica de promover los deberes éticos de un servidor público, es conducirse siempre con rectitud de conducta, dignidad personal, decoro y pulcritud física, mental y espiritual, para ajustarse a los altos requerimientos morales de un servicio para el público. Además, debe observar lealtad, eficiencia y responsabilidad; valores que surgen como una consecuencia inmediata del acatamiento de deberes y prohibiciones por parte del servidor, por ello es necesario mostrar y comportarse con respeto, cortesía y consideración con el usuario del servicio público, todo acorde con la jerarquía y funciones que desempeña. Asimismo, debe ser imparcial, objetivo, receptivo, actuar con honestidad y honradez, no solo en el desempeño de sus funciones, sino en su vida particular, igualmente debe abstenerse de conductas abusivas, que conduzcan al acoso, el hostigamiento o la represión de cualquier tipo, proteger y garantizar el uso correcto y adecuado de los bienes públicos puestos a su disposición, denunciar ante quien corresponda, toda conducta, acción o actitud corrupta de cualquier naturaleza, contraria a la moral, al orden jurídico y al interés público, fomentar con el ejemplo, el respeto y práctica de los principios y deberes éticos tanto del servicio como del servidor público, así como acatar y cumplir todos las normas legales y técnicas que regulan el servicio público que se brinda.
Séneca ya lo sabía veinte siglos atrás «Los pueblos no cumplen la ley si los altos magistrados no dan ejemplo de obediencia». La aplicación de una fuerte dosis de ética pública resulta ser un remedio decisivo para curar administraciones públicas tomadas por los virus de la opacidad, la arbitrariedad, la improvisación, el descontrol. Una vez propagada por el cuerpo del aparato estatal, hay que mantener alta su capacidad defensiva con revisiones independientes, control interno, capacitación e incentivos para que funcione como si fuera el sistema inmunológico esencial de la administración frente a toda tentación de abuso de poder o de apropiación privada de lo público.
De allí que, la transformación actual no puede limitarse solo a reemplazar a los funcionarios públicos ni a replicar su corrupción y apatía. Es imperativo erradicar los abusos en la administración, implementar acciones innovadoras, aplicar sanciones ejemplarizadoras que hasta ahora han sido desconocidas, abordar de manera efectiva los problemas que aquejan al estado, inspirar y guiar el espíritu cívico, educar a la población, neutralizar a sus adversarios y revitalizar las provincias en territorio.
Definitivamente la ética ayuda a decidir cómo debemos actuar, pero resulta importante esclarecer la forma en que lo hace, por lo antes citado, la formación en materia de ética pública es, quizá, el factor más importante para garantizar que nuestras entidades y organizaciones públicas inspiren su actividad diaria en los valores del servicio a nuestra sociedad. Por ello, los valores éticos del servicio público deberán ocupar un lugar primordial en los programas formativos para directivos, asesores, colaboradores, trabajadores y servidores públicos.