Luis Jiménez Tenesaca

En momentos de crisis política y social, la idea de convocar a una Asamblea Constituyente vuelve a resonar con fuerza en el Ecuador. No es la primera vez que este recurso se coloca sobre la mesa: ya lo vivimos en el 2007, con resultados que marcaron profundamente el rumbo institucional del país. Hoy, frente a un panorama de fragmentación partidista, desconfianza ciudadana y demandas insatisfechas, la propuesta genera tanto entusiasmo como preocupación.

Quienes apoyan la idea sostienen que una Asamblea Constituyente podría convertirse en una oportunidad para refundar el pacto social. La Constitución de Montecristi, aprobada en 2008, tiene alrededor de diecisiete años y, aunque reconoció derechos innovadores —como los de la naturaleza y la ampliación de garantías ciudadanas—, también arrastra contradicciones que han dificultado su aplicación.

Un nuevo proceso constituyente permitiría, modernizar el marco institucional, adaptándolo a realidades políticas y tecnológicas actuales; rediseñar el sistema político, reduciendo la fragmentación y fortaleciendo la gobernabilidad; ampliar derechos y participación, incluyendo demandas de pueblos y nacionalidades indígenas, jóvenes y sectores históricamente marginados; recuperar la confianza ciudadana, mediante un proceso de deliberación abierto y democrático que devuelva protagonismo a la sociedad.

En suma, los defensores de esta salida la ven como un mecanismo para salir del ciclo de crisis y abrir un horizonte de esperanza.

Sin embargo, los costos y peligros de convocar a una Constituyente son igual de grandes. Primero, porque abrir la Constitución significa abrir todas las reglas del juego: no solo se pueden corregir errores, sino también suprimir derechos o debilitar instituciones. La historia de América Latina está llena de constituyentes que terminaron consolidando proyectos personalistas antes que democráticos.

Además, el proceso es costoso y largo, lo que en tiempos de crisis económica puede ser un lujo que el país no puede permitirse.

Existe el riesgo de que los mismos actores políticos desgastados sean quienes la integren, reproduciendo las mismas prácticas que se buscan superar.

Una Constituyente podría generar más incertidumbre que soluciones, paralizando la inversión y profundizando la inestabilidad. En lugar de resolver los problemas urgentes de seguridad, empleo o servicios públicos, el país podría perder años en debates ideológicos sin resultados prácticos.

La pregunta de fondo es si realmente necesitamos una Asamblea Constituyente para resolver los problemas del Ecuador o si lo que se requiere es una aplicación más coherente y responsable de la Constitución vigente. A veces, las instituciones no fallan por sus textos legales, sino por la falta de voluntad política para cumplirlos.

Convocar a una Constituyente puede sonar atractivo, incluso épico, pero también implica un salto al vacío. La ciudadanía debe evaluar con cautela: ¿queremos escribir nuevas reglas o queremos, primero, aprender a respetar las que ya tenemos?

El debate está abierto. Lo cierto es que una Constituyente no es ni una varita mágica que resolverá todos los problemas, ni un monstruo que los multiplicará. Será lo que el pueblo ecuatoriano, con madurez democrática y memoria histórica, decida hacer de ella.