Edwin Villavicencio
Ecuador necesita diálogo y consenso. No como consigna vacía, sino como método para salir de un callejón con múltiples crisis superpuestas: economía frágil, violencia criminal y un conflicto social que volvió a las calles. Las protestas por la eliminación del subsidio al diésel han cumplido semanas y concentran la tensión en carreteras y ciudades; su costo humano y económico crece día a día. En este contexto, insistir en la lógica de vencedor–vencido solo prolonga el daño colectivo.
Hechos duros enmarcan el momento: el alza del diésel tras el recorte del subsidio encendió paros y bloqueos liderados por el movimiento indígena y sectores del transporte; en este sentido, el gobierno respondió con estados de excepción parciales mientras los enfrentamientos con la fuerza pública se repiten. También hubo agresiones al convoy presidencial y episodios de violencia que elevan la desconfianza. Nada de esto se resolverá con más gritos o más gases.
¿Cómo abrir puertas de diálogo? Primero, reconocer intereses legítimos a ambos lados. El gobierno tiene el mandato de ordenar las cuentas y frenar el contrabando de combustibles; los sectores movilizados reclaman el impacto de la medida en su ingreso y en el costo de vida. Ese reconocimiento mutuo habilita la mesa.
Segundo, acordar una desescalada simultánea: suspensión temporal de bloqueos que afecten servicios esenciales y límites claros al uso de la fuerza, supervisados por veedurías independientes (academia, iglesias, defensoría). Tercero, instalar una negociación en dos carriles: (a) medidas de alivio focalizado y temporal para agricultura familiar, transporte rural y pesca artesanal; (b) reforma estructural y gradual del esquema de combustibles con metas verificables de ahorro fiscal y control fronterizo.
Cuarto, transparencia: números abiertos sobre el costo fiscal del subsidio, el mapa de beneficiarios y los escenarios de precios. La confianza pública se construye con datos, no con slogans. Quinto, garantías: cronograma, actas públicas, arbitraje técnico y cláusulas de cumplimiento que comprometan a todos.
El periodismo tiene un rol clave: frenar la amplificación de desinformación, trazar la frontera entre opinión y evidencia y exigir que cada actor llegue a la mesa con propuestas cuantificadas y no solo consignas. La sociedad civil, por su parte, puede sostener espacios seguros de escucha y mediación en territorios donde la protesta convive con la violencia del crimen organizado.
Dialogar no es ceder principios, es transformar intereses en soluciones. Si el diálogo falla, el costo lo paga la ciudadanía que ni negocia subsidios ni toma decisiones macroeconómicas: paga más por el transporte, pierde clases, ve quebrar su negocio.
El país ya vivió la espiral de miedo de 2024 y sabe que la seguridad sin legitimidad es frágil. Por eso el consenso importa: porque permite decisiones difíciles con respaldo social. El reto es pasar del pulso en la calle al pacto verificable. Ecuador puede: con liderazgo que escuche, movimientos que propongan y una opinión pública que premie el acuerdo antes que el aplauso fácil.