Luis Pineda
El levantamiento indígena de octubre de 2025 ha generado un proceso no solamente de carácter político, sino ha producido algunas formas de racismo y clasismo contra los movimientos sociales, especial al movimiento indígena.
El movimiento indígena ha desarrollado un proceso de consolidación, desde las últimas décadas del siglo XX.
El Levantamiento indígena del Inti Raymi de 1990 que convierte al movimiento indígena en un actor político fundamental en el Ecuador, que busca cambiar las estructuras del poder y logrado reivindicaciones al sistema social y económico en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas y de todos los explotados.
Fundación de Pachakutik 5 de junio de 1995, y elaboración de la plataforma política el 1 de noviembre de 1995. El movimiento indígena crea su propio partido político.
Son dignos de mencionar los levantamientos de:
Levantamiento contra el gobierno de Lenin Moreno: octubre de 2019, detonado por la eliminación de los subsidios a los combustibles,
Levantamiento contra el gobierno de Guillermo Lasso: junio de 2022. Los motivos incluyeron la oposición a políticas consideradas neoliberales, como el aumento del precio de la gasolina y el diésel, y la defensa del territorio y la no explotación de recursos en zonas indígenas.
Desde el punto de vista del movimiento indígena, en el siglo XXI se consolida, con sus respetivos matices.
Un fragmento del artículo del historiador Juan J. Paz-y-Miño Cepeda, nos ayuda a profundizar en la situación actual del movimiento indígena:
“Desde mediados de septiembre (2025) el movimiento indígena de Ecuador acordó un paro nacional con el propósito de conseguir la derogación del Decreto 126 (13/septiembre), que elevó el precio del diésel de USD 1,80 a USD 2,80 el galón. El decreto ha sido solamente el motivo desencadenante de una situación que tiene otro fondo causal: la imposición, desde 2017, de un modelo de economía que ha privilegiado a grandes empresarios, que consolidó a un sector oligopólico y oligárquico como hegemónico y que ha sido garantizado a través del control político del Ejecutivo sobre las funciones del Estado y sus principales aparatos, que incluyen fuerzas armadas y policía.
Además, un gobierno de empresarios no logra comprender la necesidad de contar con el Estado como proveedor de infraestructuras, bienes y servicios públicos en las condiciones de un país con 70% de población desocupada y subocupada, con una “informalidad laboral” de esas dimensiones, salarios bajos, desatención en medicina y educación, seguridad social en riesgo, además de una extensa población pobre y una extrema concentración de la riqueza, que hace del país uno de los primeros más inequitativos del mundo.
La represión sobre las comunidades indígenas ha resultado inédita en cuatro décadas de gobiernos constitucionales y produjo decenas de heridos y tres personas fallecidas. Las violaciones a los derechos humanos han quedado grabadas en videos que circulan en redes, así como en noticias por medios alternativos.”